Durante su gobierno en el Territorio Sur de Baja California, el general Francisco J. Múgica gestionó ante la secretaría de Hacienda el nombramiento de una comisión “que recorriera la península y, a través de la observación directa de sus condiciones actuales y posibilidades de desarrollo, diera cuenta de los aspectos más importantes que presentan los problemas inherentes a la vida de los territorios, así como de sus necesidades, a fin de derivar conclusiones útiles que pudieran normar la actitud futura del gobierno federal, en íntima coordinación con los gobiernos locales, respecto al discernimiento de las medidas indispensables para el fomento definitivo del desarrollo de esas lejanas regiones.”
Aludía, desde luego, a los dos territorios de la península de Baja California.
La procuración dio resultado favorable y se designó para ello al ingeniero Ulises Irigoyen.
De aquellos trabajos nació Carretera transpeninsular de la Baja California,
En cuya primera de las diez conclusiones a que llegó el autor dijo que “debe construirse inmediatamente la carretera transpeninsular porque la justifican plenamente las conveniencias económicas, sociales y militares del país.”
Treinta años debieron transcurrir para que ello fuese posible.
LA CARRETERA FEDERAL 1
En la semana anterior se cumplieron 48 años de haber sido inaugurada la carretera que recorre a la California mexicana, el 1 de diciembre de 1973, a la que sin consulta alguna fue impuesto el nombre de Benito Juárez, preclaro personaje que en un par de ocasiones estuvo a punto de enajenar la península a favor de los EUA en procuración de fondos para su causa, y fueron los propios estadounidenses quienes paradójicamente se opusieron a esa intención absurda.
Gente de ambas entidades, el territorio y el estado, confluyeron en aquella fecha alrededor del monumento a esa vía, que es un águila estilizada cuyas alas simbolizan a las dos Californias peninsulares.
En respuesta a la convocatoria lanzada por la secretaría de Obras Públicas del gobierno federal, se recibieron 56 proyectos aspirantes a obtener el premio principal de cien mil pesos y el contrato para la realización de los trabajos, que lograron los arquitectos Edmundo Rodríguez Saldívar y Ángel Negrete González, a la cabeza de otros varios profesionales.
Auténtica atalaya de 36 metros de altura que puede ser vista desde cinco kilómetros a la redonda, la enorme ave de acero y concreto y los edificios anexos tuvieron un costo global de casi 31 millones y medio de pesos.
Hasta ahí llegamos aquel sábado de inicio decembrino una buena cantidad de sudcalifornianos a bordo de dos autobuses que el gobierno territorial puso a disposición de sus invitados, en los que Octavio Reséndiz y este redactor fungimos como anfitriones del viaje.
Precisamente al pie de ese monumento ubicado a la altura del paralelo 28 grados de latitud norte (línea imaginaria que desde 1891 divide a ambas entidades por decreto del presidente Díaz), hizo uso de la palabra el presidente Luis Echeverría Álvarez, quien cumplía así, exactamente a la mitad del sexenio, un compromiso de su campaña electoral. También hablaron los gobernadores Félix Agramont Cota y Milton Castellanos Everardo, el secretario del ramo Luis Enrique Bracamontes y el diputado Jesús López Gastélum.
Días antes había sido acondicionado ahí, a toda prisa, un museo al que fueron llevados diversos bienes del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico sudcaliforniano, que al poco tiempo desaparecieron.
Del Archivo Histórico impedimos que extrajeran cosa alguna, pese a las amenazas del promotor de tal saqueo, un oficioso directivo agrario de la entidad norteña. En cambio logró llevarse piezas valiosas del incipiente museo que se había logrado establecer en La Paz.
Vaya el lector a saber dónde fueron a parar esos materiales.
Luego fue establecida en esas instalaciones la escuela Normal del Desierto, que por varias causas derivadas de la falta de planeación con que fue creada, hubo de reubicarse poco después en Loreto como Centro Regional de Educación Normal.
Como de dicho conjunto sólo funcionó el albergue-parador, en el lado sur, que se concesionó primero a la empresa paraestatal Nacional Hotelera como hotel Presidente, luego La Pinta y últimamente The Halfway Inn, de los dos lados fueron hechas propuestas de utilización del resto del área; como ninguno de los proyectos resultó viable, la secretaría de la Defensa Nacional la ocupó para ubicar ahí un destacamento.
El libro Paralelo 28, testimonio vivo de un camino, elaborado por Enrique Cárdenas de la Peña y publicado en 1976 por encargo de la secretaría de Obras Públicas, contiene una amplia descripción de la historia, el proceso constructivo y las perspectivas de esa contribución esencial de la administración pública federal al desarrollo de la primera California.
En aquella lejana época en que se construían obras útiles en vez de sólo discursos.
