Baja California Sur tiene una condición geográfica equiparable a la de una isla. Durante años, ha exigido un trato diferenciado con respecto a otras regiones del país, que en ciertos momentos históricos le fue concedido y que, al serle arrebatado, fue defendido por legisladores federales con decisión, como el entonces senador y ahora gobernador Carlos Mendoza Davis
Desde 2013, el incremento en la tasa del IVA en la región fronteriza (a la que pertenece nuestro estado sólo cuando le conviene al presidente) ha creado un efecto inflacionario, recesivo y de baja competitividad para las empresas locales, del cual Baja California Sur ha salido adelante aún con las dificultades que esto implica. Por lo tanto, regresar al régimen fiscal que tenía antes de aquella tóxica reforma fiscal ha sido una de las prioridades del PAN en las últimas legislaturas.
Lamentablemente, tanto Enrique Peña Nieto como el presidente Andrés Manuel López Obrador se taparon los oídos o voltearon la cara para ignorar el grito enérgico de la población sudcaliforniana que exige con justicia mitigar el severo impacto recibido en las finanzas personales de los habitantes de la zona y en la competitividad en sus empresas; ha quedado claro entonces que esta afrenta al estado no es por desconocimiento de la condición insular de Baja California Sur, sino por insensibilidad, puesto que no sólo fuimos excluidos del Decreto de estímulos fiscales Región Fronteriza Norte, de finales de 2018, sino también nos excluyeron del alza a los salarios mínimos aplicable a la frontera norte.
Éste no es el único ejemplo del trato injusto que ha recibido Baja California Sur por parte de la Federación. Hay otro tema donde los sudcalifornianos también hemos pedido que haya una consideración como la han recibido otros estados y desafortunadamente no hemos encontrado eco: las tarifas de energía eléctrica. Recientemente, la Comisión Federal de Electricidad condonó una deuda multimillonaria al estado natal de Andrés Manuel López Obrador: Tabasco. 11 mil millones de pesos de deuda le fueron perdonados a 520 mil tabasqueños, derivado del movimiento de resistencia civil de 1994; además, ahora se les garantiza la tarifa eléctrica más barata del país.
Mientras tanto, en Baja California Sur en los últimos años hemos visto cómo las tarifas eléctricas han incrementado de manera considerable; cada vez más los hogares y negocios tienen que destinar mayores recursos a este gasto. Aunado a lo anterior, que ya de por sí causa un severo agravio, en días recientes la población sudcaliforniana ha sido víctima de una prestación ineficiente del servicio de energía eléctrica.
No le basta a la CFE con vendernos la energía mucho más cara (pues las tarifas de electricidad llegan a ser hasta un 264 por ciento más altas que en otros estados de la República), sino que ahora no son capaces siquiera de garantizar el abasto en una temporada en que las temperaturas son más altas que cualquier otra época del año y, por tanto, se requiere más que nunca de dicho servicio.
Por eso, en más de una ocasión, he exigido públicamente que se voltee a ver a nuestra tierra. Primero por el tema de las tarifas de la energía eléctrica, y ahora, cuando todavía no se atiende esto, para que se dé solución pronta y definitiva a los apagones que además de incomodidad le cuestan caro a las y los sudcalifornianos por el daño irreparable que sufren los aparatos a causa de la sorpresiva suspensión del servicio.
Al Gobierno Federal, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad les hemos hecho el llamado a que se revise la formulación y aplicación de las metodologías para el cálculo de las tarifas eléctricas en nuestra entidad. Esta exigencia no es más que un acto de justicia: que se hagan los ajustes necesarios para revertir los recientes incrementos que han generado severas afectaciones en los hogares y en el desarrollo de actividades económicas de Baja California Sur.
No es un privilegio el que se pide, sino un trato diferenciado el que se necesita para hacerle frente a la situación actual del país que tristemente no promete mejorar. Baja California Sur es una entidad que, frente a los golpes asestados por la reforma fiscal, que pese al trato injusto recibido en los últimos años por la Federación, se esfuerza por mantener al alza su crecimiento. Así lo demuestran prácticamente todos los indicadores de desarrollo económico y social. Es momento de recibir un trato justo.
