/ jueves 5 de diciembre de 2019

Reflexiones a un año de gobierno de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple un año de gestión y ciertamente se trata de uno de los inicios de sexenio más controvertidos, pues sus declaraciones polémicas y enfrentamientos verbales con todo aquel que se oponga a “sus datos” o a sus decisiones, se han convertido en el pan de cada día en los medios de comunicación.

La “Cuarta Transformación” no ha mostrado ser más, que un régimen enfocado en la concentración del poder en el presidente. Estamos regresando al autoritarismo presidencial, donde el destino del país se decide por él, en todos los ámbitos.

Esto lo vemos cuando los diputados y senadores de Morena y sus aliados aprueban en el Congreso de la Unión, lo que les pide López Obrador, ciegamente y sin debatir, sin mover una sola coma.

Parece que el presidente está tan concentrado en el debilitamiento de la democracia y de las instituciones que hace oídos sordos a las problemáticas que afectan el día a día de los mexicanos.

En este primer año de gobierno, las decisiones en materia económica de López Obrador han derivado en el estancamiento y nulo crecimiento (BANXICO sigue recortando su estimación de crecimiento para este año, situándose en el intervalo -0.2 a 0.2%), en la caída de la inversión yen altas tasas de desempleo y por consiguiente de informalidad (2.1 millones de personas sin empleo y 15.2 millones de personas en el sector informal, INEGI, cifras al tercer trimestre del año).

Ello en parte, por la cancelación de proyectos de infraestructura avalada por consultas patito que no se rigen por reglas que garanticen una verdadera participación informada de los ciudadanos y que parecen el instrumento favorito del presidente para fundamentar sus decisiones pasando por encima de la ley, sin recurrir a argumentos técnicos, ni opiniones de los expertos.

Ese tipo de arrebatos característicos de su personalidad, detonaron señales de alarma que generan desconfianza entre los inversionistas, al poner en tela de juicio el Estado de Derecho y el cumplimiento de contratos e incluso compromisos internacionales.

Por otra parte, tenemos una política de gasto que bajo una mal llamada austeridad recorta sectores prioritarios como la educación, la salud, el campo, la pesca, el turismo, por mencionar algunos de los grandes afectados, dirigiendo la mayor parte del dinero a los programas estrella del gobierno federal, de forma que los presupuestos 2019 y 2020 lejos de propiciar el crecimiento, han generado más dudas que certezas dado su fuerte componente clientelar.

Esto lo podemos ver reflejado en el Presupuesto de Egresos para 2020, aprobado en lo oscurito por el partido del presidente, el cual, por un lado, destina 402 mil millones de pesos a programas sin reglas de operación (aquellos que no cuentan con una metodología establecida ni criterios de selección de beneficiarios y que por ello se gastarán discrecionalmente por el gobierno), y por otro, asigna el gasto más bajo desde el año 2010 a programas sujetos a reglas de operación.

Por otro lado, aquellos programas que habían demostrado su eficacia al brindar mayores capacidades y oportunidades para las personas, como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles o los Refugios para mujeres violentadas, son cancelados sin argumentos sólidos, siendo su único pecado, el haber surgido en administraciones pasadas.

Por si todo eso fuera poco, en este primer año de gobierno, la crisis de seguridad, que es quizás la que más nos duele a los mexicanos, ha escalado a niveles impensables.

En esta materia, también sale reprobado el presidente pues en campaña prometió que desde el día uno de su mandato acabaría con la inseguridad, ha pasado un año y hoy se padecen las tasas de homicidios más altas de la historia reciente del país (de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en los primeros 10 meses del 2019 van 28,741 homicidios dolosos y 833 feminicidios), hoy las familias viven en constante temor dentro y fuera de sus hogares.

Queda claro que frases como: “abrazos, no balazos”, “fuchi, guácala”, o “los vamos a acusar con sus mamás”, no surten efecto en el combate al crimen organizado que tiene completamente rebasada a esta administración.

En resumen, en su primer año de gestión, el presidente ha generado una lista de pendientes que reclaman soluciones contundentes, hechos, no solo palabras, y en ese sentido, esperamos que, por el bien de México, López Obrador ponga fin a su discurso de candidato, que deje de vender sueños, que deje de culpar a las anteriores administraciones, a la oposición, y que atienda de una vez por todas las opiniones expertas y los diagnósticos serios para llegar al origen real de los problemas y, de esta forma, crear estrategias eficaces para combatirlos de raíz.

rigo.mares@diputadospan.org.mx

Diputado federal de Baja California Sur por el Partido Acción Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple un año de gestión y ciertamente se trata de uno de los inicios de sexenio más controvertidos, pues sus declaraciones polémicas y enfrentamientos verbales con todo aquel que se oponga a “sus datos” o a sus decisiones, se han convertido en el pan de cada día en los medios de comunicación.

La “Cuarta Transformación” no ha mostrado ser más, que un régimen enfocado en la concentración del poder en el presidente. Estamos regresando al autoritarismo presidencial, donde el destino del país se decide por él, en todos los ámbitos.

Esto lo vemos cuando los diputados y senadores de Morena y sus aliados aprueban en el Congreso de la Unión, lo que les pide López Obrador, ciegamente y sin debatir, sin mover una sola coma.

Parece que el presidente está tan concentrado en el debilitamiento de la democracia y de las instituciones que hace oídos sordos a las problemáticas que afectan el día a día de los mexicanos.

En este primer año de gobierno, las decisiones en materia económica de López Obrador han derivado en el estancamiento y nulo crecimiento (BANXICO sigue recortando su estimación de crecimiento para este año, situándose en el intervalo -0.2 a 0.2%), en la caída de la inversión yen altas tasas de desempleo y por consiguiente de informalidad (2.1 millones de personas sin empleo y 15.2 millones de personas en el sector informal, INEGI, cifras al tercer trimestre del año).

Ello en parte, por la cancelación de proyectos de infraestructura avalada por consultas patito que no se rigen por reglas que garanticen una verdadera participación informada de los ciudadanos y que parecen el instrumento favorito del presidente para fundamentar sus decisiones pasando por encima de la ley, sin recurrir a argumentos técnicos, ni opiniones de los expertos.

Ese tipo de arrebatos característicos de su personalidad, detonaron señales de alarma que generan desconfianza entre los inversionistas, al poner en tela de juicio el Estado de Derecho y el cumplimiento de contratos e incluso compromisos internacionales.

Por otra parte, tenemos una política de gasto que bajo una mal llamada austeridad recorta sectores prioritarios como la educación, la salud, el campo, la pesca, el turismo, por mencionar algunos de los grandes afectados, dirigiendo la mayor parte del dinero a los programas estrella del gobierno federal, de forma que los presupuestos 2019 y 2020 lejos de propiciar el crecimiento, han generado más dudas que certezas dado su fuerte componente clientelar.

Esto lo podemos ver reflejado en el Presupuesto de Egresos para 2020, aprobado en lo oscurito por el partido del presidente, el cual, por un lado, destina 402 mil millones de pesos a programas sin reglas de operación (aquellos que no cuentan con una metodología establecida ni criterios de selección de beneficiarios y que por ello se gastarán discrecionalmente por el gobierno), y por otro, asigna el gasto más bajo desde el año 2010 a programas sujetos a reglas de operación.

Por otro lado, aquellos programas que habían demostrado su eficacia al brindar mayores capacidades y oportunidades para las personas, como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles o los Refugios para mujeres violentadas, son cancelados sin argumentos sólidos, siendo su único pecado, el haber surgido en administraciones pasadas.

Por si todo eso fuera poco, en este primer año de gobierno, la crisis de seguridad, que es quizás la que más nos duele a los mexicanos, ha escalado a niveles impensables.

En esta materia, también sale reprobado el presidente pues en campaña prometió que desde el día uno de su mandato acabaría con la inseguridad, ha pasado un año y hoy se padecen las tasas de homicidios más altas de la historia reciente del país (de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en los primeros 10 meses del 2019 van 28,741 homicidios dolosos y 833 feminicidios), hoy las familias viven en constante temor dentro y fuera de sus hogares.

Queda claro que frases como: “abrazos, no balazos”, “fuchi, guácala”, o “los vamos a acusar con sus mamás”, no surten efecto en el combate al crimen organizado que tiene completamente rebasada a esta administración.

En resumen, en su primer año de gestión, el presidente ha generado una lista de pendientes que reclaman soluciones contundentes, hechos, no solo palabras, y en ese sentido, esperamos que, por el bien de México, López Obrador ponga fin a su discurso de candidato, que deje de vender sueños, que deje de culpar a las anteriores administraciones, a la oposición, y que atienda de una vez por todas las opiniones expertas y los diagnósticos serios para llegar al origen real de los problemas y, de esta forma, crear estrategias eficaces para combatirlos de raíz.

rigo.mares@diputadospan.org.mx

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