/ miércoles 28 de febrero de 2024

Sancionan a líder estatal de Morena por violencia política de género

Rentería no podrá ocupar cargos públicos ni ser designado para cargos de elección popular por 3 años

La Paz, Baja California Sur.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California Sur emitió una sentencia en respuesta a la denuncia de violencia de género presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Ojeda González, contra el delegado en funciones de presidencia de Morena, Alberto Rentería Santana.

Lee: Denuncian a Alberto Rentería por violencia política de género

La sentencia, según el expediente del TEE-PES-05/2023, impone al denunciado una multa de 180 UMAS equivalente a 19 mil 42 pesos, junto con la obligación de completar un curso sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Además, se ordena la inscripción del denunciado en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de tres años. Estas sanciones entrarán en vigor una vez que la sentencia esté en firme.

SIN CARGOS PÚBLICOS

En este sentido, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la inscripción en los registros mencionados implica que, durante los tres años de su vigencia, el denunciado no podrá ocupar cargos públicos ni ser designado para cargos de elección popular.

La diputada María Luisa Ojeda González festejó la imparcialidad de las instituciones, ya que se cumplió el restablecimiento del Estado de derecho, permitiendo que las mujeres accedan a la política en un ambiente libre de violencia.

“Este es un gran avance y un derecho que tenemos todas las mujeres: el de contar con espacios libres de violencia. En este sentido, celebro la resolución del tribunal y el restablecimiento del Estado de derecho en nuestro bello estado”.

En cuanto a las expresiones que realizó la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto en su contra, Ojeda González confirmó que no se interpuso una denuncia formal respecto a estos hechos.

“Respeto mucho la posición de mi compañera, pero mi postura sigue siendo clara: es crucial restablecer el Estado de derecho respecto a una persona que estaba siendo nombrada y que figura en el Registro Nacional y Estatal de violencia política en razón de género”.

Continuó, “si bien es lamentable la actuación de mi compañera, ella sabrá los motivos que la llevaron a ello. Mi lucha se centra en dignificar la participación de las mujeres en la política, en lugar de denigrar a nuestras compañeras”.

SOBRE LA DENUNCIA

El conflicto surgió con el nombramiento de Alberto Rentería Santana como subsecretario de gobierno del Estado de Baja California Sur, ignorando su historial por violencia política de género y la ley tres de tres. Esto generó inconformidades, y la diputada María Luisa Ojeda solicitó ante el Congreso del Estado la destitución de Rentería.

En respuesta, Guadalupe Vázquez tomó la tribuna para sugerir a Ojeda que se asesorara mejor, insinuando la influencia de su esposo y cuestionando la capacidad legislativa de la diputada.

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Posteriormente, Rentería Santana, entonces subsecretario de Gobierno, realizó declaraciones ante medios de comunicación donde minimizaba la función y gestión de la diputada María Luisa Ojeda, por ser esposa del dirigente estatal del PRD, Noé de la Rosa Escalante.

Como resultado, el Instituto Electoral determinó por segunda ocasión su registro en el padrón Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La Paz, Baja California Sur.- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Baja California Sur emitió una sentencia en respuesta a la denuncia de violencia de género presentada por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Luisa Ojeda González, contra el delegado en funciones de presidencia de Morena, Alberto Rentería Santana.

Lee: Denuncian a Alberto Rentería por violencia política de género

La sentencia, según el expediente del TEE-PES-05/2023, impone al denunciado una multa de 180 UMAS equivalente a 19 mil 42 pesos, junto con la obligación de completar un curso sobre lenguaje inclusivo y no sexista. Además, se ordena la inscripción del denunciado en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un periodo de tres años. Estas sanciones entrarán en vigor una vez que la sentencia esté en firme.

SIN CARGOS PÚBLICOS

En este sentido, de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la inscripción en los registros mencionados implica que, durante los tres años de su vigencia, el denunciado no podrá ocupar cargos públicos ni ser designado para cargos de elección popular.

La diputada María Luisa Ojeda González festejó la imparcialidad de las instituciones, ya que se cumplió el restablecimiento del Estado de derecho, permitiendo que las mujeres accedan a la política en un ambiente libre de violencia.

“Este es un gran avance y un derecho que tenemos todas las mujeres: el de contar con espacios libres de violencia. En este sentido, celebro la resolución del tribunal y el restablecimiento del Estado de derecho en nuestro bello estado”.

En cuanto a las expresiones que realizó la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto en su contra, Ojeda González confirmó que no se interpuso una denuncia formal respecto a estos hechos.

“Respeto mucho la posición de mi compañera, pero mi postura sigue siendo clara: es crucial restablecer el Estado de derecho respecto a una persona que estaba siendo nombrada y que figura en el Registro Nacional y Estatal de violencia política en razón de género”.

Continuó, “si bien es lamentable la actuación de mi compañera, ella sabrá los motivos que la llevaron a ello. Mi lucha se centra en dignificar la participación de las mujeres en la política, en lugar de denigrar a nuestras compañeras”.

SOBRE LA DENUNCIA

El conflicto surgió con el nombramiento de Alberto Rentería Santana como subsecretario de gobierno del Estado de Baja California Sur, ignorando su historial por violencia política de género y la ley tres de tres. Esto generó inconformidades, y la diputada María Luisa Ojeda solicitó ante el Congreso del Estado la destitución de Rentería.

En respuesta, Guadalupe Vázquez tomó la tribuna para sugerir a Ojeda que se asesorara mejor, insinuando la influencia de su esposo y cuestionando la capacidad legislativa de la diputada.

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Posteriormente, Rentería Santana, entonces subsecretario de Gobierno, realizó declaraciones ante medios de comunicación donde minimizaba la función y gestión de la diputada María Luisa Ojeda, por ser esposa del dirigente estatal del PRD, Noé de la Rosa Escalante.

Como resultado, el Instituto Electoral determinó por segunda ocasión su registro en el padrón Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

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