La Paz, Baja California Sur.- El pasado fin de semana, en el rancho 3 Hermanos la familia Alvarado organizó un evento en honor a la alcaldesa municipal Milena Quiroga Romero, donde se congregó a casi 3 mil personas. Esto desencadenó polémica y tensiones políticas en la ciudad de La Paz debido a que trabajadores del ayuntamiento, acusaron haber sido coaccionados para participar en este evento político.
Ante estas quejas, Estuardo González Rodríguez, décimo tercer regidor del décimo séptimo Ayuntamiento de La Paz, anunció enérgicamente que hoy se presentará una denuncia formal ante la Contraloría Municipal. La base de esta acción legal radica en que, según las normativas vigentes, no se debe obligar a los empleados a participar en eventos políticos pero sobre todo en que los servidores públicos no pueden recibir contribuciones económicas de particulares.
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"¿Bajo qué circunstancias o por qué motivo alguien obsequiaría un evento de tal magnitud a nuestra alcaldesa? Es fundamental recordar que, como servidores públicos, nos encontramos prohibidos de aceptar donaciones personales, regalos u obsequios que puedan dar lugar a malas interpretaciones, especialmente cuando involucran recursos económicos." Sostuvo
Además González expuso que durante el evento se desplegó una lona en un templete con la inscripción "Amigos y Amigas de Milena", insinuando posibles actos de campaña, especialmente tras el reciente registro de Quiroga como aspirante a la reelección en la alcaldía paceña.
De esta manera, amplió que la primera denuncia formal se presentará ante la Contraloría Municipal y ante la Fiscalía Anticorrupción debido a la presunta recepción de recursos económicos por parte de particulares. Además, se llevará a cabo la presentación de la denuncia ante las autoridades electorales, abordando la posible comisión de actos de campaña anticipada.
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"Consideramos que estas acciones forman parte de actos de campañas anticipadas es por ello que también se presentará una denuncia ante las autoridades electorales correspondientes”.
Finalmente mencionó que la determinación de sanciones quedará en manos de los jueces, y adelantó que dependiendo lo que resulte de las investigaciones las consecuencias oscilan entre llamadas de atención públicas y medidas administrativas.
