La Paz, Baja California Sur.- De 2023 a la fecha, ocho trabajadores de la educación están separados de sus cargos al ser denunciados penalmente por diversos tipos de abusos en Baja California Sur. Dos de estas personas fueron detenidas, sin embargo, al no existir pruebas en su contra, fueron puestos en libertad.
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La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alicia Meza Osuna, informó que en estos casos, la autoridad educativa deberá regresar las plazas a trabajadores que fueron removidos y que no se les comprobó el delito señalado.
“8 fueron separados de sus funciones porque tienen la denuncia. Hay un caso, por ejemplo, que se detuvo al agresor, pero ya salió, entonces nosotros tenemos que reponerle la plaza porque no se le comprobó ningún delito. Hay el caso de la Secundaria Técnica 20 de Camino Real, que ya tiene sentencia y otro como este que dije donde sale libre y no se le comprobó el delito”.
ACTÚAN CON BASE A PROTOCOLOS
El protocolo que activa la SEP una vez que existe una denuncia por delito sexual en contra de un profesor es separarlo del grupo hasta que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investigue el caso. Durante este lapso los profesores son cambiados de área mientras se resuelve su situación legal y jurídica, no tienen contacto con menores.
Si en la investigación el docente termina absuelto de los cargos que se le imputan, puede regresar a sus labores frente al grupo de estudiantes, en cambio, si la sentencia determina que es culpable de los delitos, la SEP tiene la facultad para quitarle sus derechos laborales.
RESURGEN LAS DENUNCIAS
La funcionaria recordó que hay tres docentes que ya se encuentran bajo sentencia por el delito de acoso y abuso sexual. Apuntó que hasta el mes de octubre de 2023, no se habían presentado denuncias por algún tipo de delito de abusos en planteles educativos, sin embargo, hace unos días trascendió el caso de un presunto agresor en la escuela “Francisco Payen Sandoval” en San José del Cabo.
Padres y madres de familia se manifestaron para denunciar un caso de abuso sexual por parte de un conserje del plantel educativo hacia una menor de cuarto año.
NO HAY RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES
Por su parte, la presidenta Regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, lamentó que la Secretaría de Educación Pública no tome medidas más fuertes cuando se presenta un caso de violencia en un plantel educativo, señaló que en muchas ocasiones debe existir presión por parte de padres para que sean escuchados los casos, además que no hay castigos ejemplares para los agresores.
“Los padres tienen que tomar las escuelas porque la Secretaría nunca hace nada, además el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) protege a los delincuentes que están como docentes. Claro que hay muchos docentes que son buenos, pero hay uno que otro personal que se cuela en estos trabajos y se llegan a cometer este tipo de delitos que son muy graves”.
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De acuerdo con información del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, la dependencia de Gobierno que más denuncias presentó el año pasado por violencia es la Secretaría de Educación Pública.
En 2023 se presentaron al menos 30 denuncias contra trabajadores de la educación por diversos delitos ante la PGJE, entre las que destacan abuso y acoso sexual, algunos casos procedieron, otros más continúan bajo investigación.
