El pleno del Congreso del Estado, exhortó a la Cámara de Diputados, para que no apruebe el dictamen a la iniciativa sobre créditos para personas trabajadoras que encomiendan su cobranza (cobranza delegada), propuesta por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura del Congreso de la Unión.
A través de un punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela Cisneros Ruiz, (que logró el respaldo de todos los parlamentarios), refrendó su apoyo a la clase trabajadora arguyendo inaceptable que los patrones se conviertan en cobradores de las instituciones de crédito y del sector financiero en perjuicio del empleado.
“No concibo que los recursos que deben destinarse a salud, educación, seguridad, comida, transporte y necesidades básicas de las familias, se les arrebate con despotismo y tropelía, para otorgarlo a una entidad financiera, no podemos ni vamos a aceptar esta trasgresión a la clase obrera”, fustigó la representante popular.
Arguyó que la propuesta (que está en análisis y dictaminación en la Cámara de Senadores), implica adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, vulnerando el derecho de inembargabilidad del salario y atentando contra el bienestar de las y los trabajadores y sus familias.
¿QUÉ IMPLICA LA COBRANZA DELEGADA?
En ese contexto, la cobranza delegada, propicia que las entidades financieras puedan embargar de facto hasta el 45% del salario del trabajador, por lo que sólo beneficia a quienes otorgan créditos, no a las y los trabajadores que adquieran un crédito, por eso no podemos permitir que esta reforma sea refrendada en la Cámara de Senadores.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
“No es cierto que esta reforma busque ampliar las opciones de financiamiento para sectores desfavorecidos que buscan adquirir bienes o servicios a través de opciones de crédito. Esta Ley va por las nóminas del país y pone en riesgo el patrimonio de quienes adquieran un crédito, y es francamente violatoria de los artículos 5, 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que trasgrede sustancialmente el carácter inembargable del salario establecido en la Constitución, fomenta prácticas de usura y cobros excesivos por parte de los bancos”, precisó la legisladora.
