La Paz, Baja California Sur (OEM-INFORMEX).- Está mañana un grupo de chóferes de transporte público pertenecientes a la Alianza de Sitios de Autotransporte de Alquiler (ASATA) encabezados por su presidente Pedro Enrique López, se manifestaron en contra de la implementación del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros.
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Luego de que recientemente el Congreso del Estado de Baja California Sur se declaró sin atribuciones constitucionales para autorizar al XVII Ayuntamiento de La Paz, la integración del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros en La Paz, el diputado Luis Armando Díaz y el diputado Enrique Ríos Cruz al hacer uso de la tribuna dieron a conocer que el Congreso del Estado no cuenta con atribuciones constitucionales y/o legales, para dar el cauce jurídico solicitado en la iniciativa con proyecto de decreto.
Solicitaron que fuera el Ayuntamiento de La Paz, para que con plenitud absoluta de facultades y dentro del marco competencial constitucional realice las acciones y actos jurídicos que correspondan para integrar el Patrimonio del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros en La Paz.
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De tal forma en la sesión de cabildo de este miércoles 13 de septiembre en la orden del día se considera someter a votación la activación de este punto Patrimonio del Fideicomiso para el Programa de Mejoramiento y Modernización del Transporte Público de Pasajeros en La Paz.
Por lo cual el presidente de ASATA, Pedro Enrique López, acompañado de un grupo de chóferes y concesionarios de transporte quienes desplegaron pancartas con las leyendas "no a la liberación del transporte", "regidores sumisos a la presidenta", "respeto a la comisión de transporte municipal", por lo cual anuncio que "si el cabildo de La Paz aprueba la aplicación del fideicomiso por encima de la Ley de transporte no nos va a quedar otra cosa que defendernos vamos a denunciar a la presidenta municipal y los funcionarios que están involucrados".
