La Paz, Baja California Sur.- Al menos cuatro activistas feministas de La Paz denunciaron haber sido victimas de acoso e intimidación por parte de elementos de la policía estatal el pasado 7 de marzo, responsabilizan al Gobierno del Estado si algo malo le ocurre a una manifestante.
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La activista feminista y periodista Daniela Reyes, expuso su indignación y hartazgo debido a que, previo a la marcha por el 8M (Día Internacional de la Mujer) fue intimidada por la policía estatal en el domicilio de sus familiares, elementos del Gobierno del Estado acudieron a su vivienda para “invitarle” a manifestarse manera pacífica.
“Acudieron al domicilio de mis familiares preguntando por mi nombre para apoyarme y para decirme que iban a estarme cuidando durante la marcha siempre y cuando me manifestara de forma pacífica y no fui solo yo, visitaron al menos el domicilio de otras tres personas a las que intimidaron. Esto es ilegal por todas partes porque primero ¿Cómo obtuvieron los domicilios? ¿Utilizando inteligencia contra las activistas?”.
“Sea la forma en la que sea, es un delito filtrar datos personales y que sea de personas defensoras de derechos humanos, me parece gravísimo”, dijo Daniela Reyes.
Recordó que el artículo 16 de la Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, si no es a través de un mandamiento escrito por la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
“Ojalá y solo ojalá la policía en lugar de hostigar e intimidar a activistas y usar esos recursos, personal, tiempo e inteligencia, fueran para prevenir la violencia de género porque para eso sí tiene atribuciones”.
Consideró que con estas estrategias pareciera que se busca infundir miedo en las activistas para debilitar la causa, provocando al movimiento para justificar el uso de la fuerza pública.
PREOCUPACIÓN E INCERTIDUMBRE
Les preocupa que el gobierno estatal emprenda estas estrategias cada vez más hostigadoras hacia las activistas, recordando que ya existe una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos luego de que el 25 de noviembre de 2023, los mismos policías estatales que hoy se acercan a ayudar e invitar a marchar pacíficamente, detuvieron arbitrariamente con uso de la violencia y sin fundamento legal a una manifestante y la incomunicaron por varias horas.
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“Hago responsable al gobierno de Baja California Sur a cargo de Víctor Castro si algo me sucede a mí, alguna de las manifestantes o nuestras familias. También queremos saber quién es el responsable detrás de esta instrucción, queremos que pague y queremos justicia. No estamos solas, basta de la intimidación hacia las activistas y de la criminalización de la protesta”.
Activistas que fueron visitadas por la policía estatal ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, pidieron a mujeres a que acudan a estas instancias de haber sido víctimas de algún tipo de acoso e intimidación.
