La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Los diputados federales por Baja California Sur recibieron a representantes de la Federación de Cooperativas de Baja California que lidera Francisco Rouseau a la que están integradas las organizaciones de la zona Pacífico Norte, desde Isla Natividad hasta Punta Abreojos, quienes expusieron ante los legisladores su petición para que no se apruebe el paquete fiscal como fue enviado por el presidente López Obrador.
En cuyo presupuesto y ley de ingresos para el año 2022 se retiran las exenciones fiscales vigentes con las que se beneficia el sector primario, y que en caso de aprobarse sin modificaciones, gravaría la pesca, la ganadería y la agricultura en los casos donde se desarrolle mediante cooperativas.
En entrevista, la diputada federal Sonia Murillo ofreció su respaldo a los cooperativistas y recordó que la fecha fatal para la aprobación del paquete fiscal es el 15 de noviembre; esta semana deberán de integrarse las comisiones en el Congreso y en el mes de octubre someter la propuesta del ejecutivo a discusión; dijo que están en tiempo de hacer conciencia entre los diputados de todas las fuerzas políticas para que se pueda dar marcha atrás a esta iniciativa, específicamente en el punto antes citado.
Con esta reforma fiscal que aplicaría para todos los productores del sector primario incluyendo a los exportadores de langosta de Baja California Sur, se les quitaría las exenciones fiscales y las facilidades administrativas que aplican en la actualidad; sigue vigente para personas físicas, pero no para quienes trabajen bajo el esquema de cooperativas.
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Un líder pesquero cuya identidad pidió ser resguardada, señaló que se trata de la reforma fiscal que lleva como trasfondo acabar con las organizaciones de productores, y estaría poniendo en riesgo la viabilidad de las cooperativas, ya que los productores sólo podrán ser beneficiados con esta extensión fiscal si trabajan de manera personal.
Por otra parte, la diputada federal Sonia Murillo ofreció su respaldo a los cooperativistas, luego de que hace apenas unos días el gobierno de China retiró la certificación a la planta de Ensenada, desde la cual los productores exportan desde hace 5 años directamente su langosta a China, lo que los obligaría a vender su producto a los compradores asiáticos que llegan a la entidad, a un precio que pudiera representar hasta 20 dólares menos por kilo, una situación que algunos cooperativistas interpretan como un asunto comercial y no de sanidad, y tiene como propósito favorecer a los intermediarios.
El encuentro entre pescadores y legisladores fue a petición del gobernador Víctor Castro Cosío, y participaron los diputados Sonia Murillo, Eufrosina Cruz, Marcos Pupo, Rubén Muñoz y Yadira Marcos.
