La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- En sesión pública de este 15 de abril en el Congreso del Estado, la Mesa Directiva tomó protesta a las diputadas Jesús Estela Robledo Galaviz y Diana Rubí Sandez García, suplentes de las diputadas Milena Quiroga Romero y Mercedes Maciel Ortiz, quienes solicitaron licencia para separarse temporalmente del cargo, ya que buscaran un cargo de elección popular en este proceso electoral 2020-2021.
La Mesa Directiva les tomó la protesta de ley, en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón.
En otro orden de ideas, el pleno de la XV Legislatura, aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), consejeras y consejeros para que revisen y vigilen el desempeño de integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, para que estén atentos al actuar de los Consejos Municipales y Distritales Electorales, “ya que a la fecha han demostrado un total desorden en el proceso, y han dado a conocer una falta de organización, de planeación y de conocimiento en materia electoral”.
La intención del punto de acuerdo según el iniciador, indicó que “no se vale que el árbitro electoral continúe poniendo muchísimas trabas a quienes pretenden ser candidatas y candidatos en este proceso electoral, sobre todo a quienes son abanderadas y abanderados por los denominados partidos pequeños”.
Reprobaron que el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través del órgano competente no ha otorgado el registro ni la constancia respectiva a muchas y muchos ciudadanas y ciudadanos que desean participar en el proceso electoral.
Legisladores y legisladores argumentaron que no se debe de negar el registro a las personas que quieren ser candidatas y candidatos violentando su derecho político electoral a ser votado.
Quien debe decidir quién es diputado, presidente o presidenta no es el órgano, es inconcebible que se quiera negar a una persona el registro por argumentos administrativos, expuso la diputada Mercedes Maciel Ortiz.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos e Indígenas, recibió una iniciativa con proyecto de decreto que propone la creación del organismo público autónomo denominado Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres con personalidad jurídica y patrimonio propio, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, responsable de garantizar y establecer las políticas y acciones que propicien y faciliten la plena incorporación de la mujer en la vida, económica, política, cultural y social del Estado de Baja California Sur.
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En ese contexto, quien ocupe la titularidad de dicho instituto será nombrada por el Congreso del Estado, mediante el voto aprobatorio de las dos terceras partes de sus integrantes y durará en el cargo un periodo de tres años contados a partir de su designación, pudiendo ser ratificada por el propio Congreso solamente por un periodo igual para ser titular del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.
