La Paz, Baja California Sur.- Funcionarios del servicio profesional de carrera de la delegación de la Secretaría de Economía en Baja California Sur recibieron la notificación del juzgado federal de que su juicio de amparo fue admitido a trámite, por lo que a partir de esta fecha inicia formalmente el proceso en su defensa derivado de las violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales por parte del Gobierno Federal, que a finales del mes de mayo los despidió sin la liquidación que corresponde conforme a derecho y sin que mediara ninguna de las causales por la que se le puede retirar de su trabajo a un servidor público.
Juan Alberto Estrada, servidor público de la SE durante más de 32 años y uno de los despedidos que interpuso este recurso, informó en unos días más se estará trasladando la demanda a las autoridades responsables para que presenten ante el juez sus informes previos y justificados en torno a estos hechos, citando para ello a los representantes de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, Dirección General de Recursos Humanos de la SE, a las servidoras públicas a las que de manera verbal les comunicaron su despido, y a la Secretaría de Gobernación por su silencio y su actitud permisiva.
Entre los derechos violentados a los servidores públicos destacan los señalados en el artículo 1 de la Constitución que tutela la obligación de todo funcionario de respetar los derechos humanos incluyendo los de los servidores públicos.
El contenido en el 14 que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, documentos o derechos sin mediar juicio conforme a las leyes expedidas con anterioridad; el consagrado en el 16 en donde se indica que todo mandamiento de autoridad debe estar por escrito, motivado y fundamentado en la Ley, y el apartado B del 123 que garantiza el derecho al trabajo libre, justo y remunerado.
Aunque la Ley contempla 7 causales por las que un servidor público del servicio profesional de carrera puede ser despedido, en el caso de los afectados en la SE ninguno aplica.
Juan Alberto Estrada informó que además del amparo los despedidos irán también a los juzgados laborales; el gobierno está en sus derecho de hacer recortes de personal, pero para ello debe de acompañarse de la indemnización que corresponda, para la cual incluso el Congreso de la Unión destinó un recurso en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.
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Los trabajadores de la Secretaría de Economía a quienes de manera verbal despidieron a finales del mes de mayo confirmaron este viernes que ya no están en nómina; el saldo de la tarjeta donde se les hacía el depósito de su sueldo quincenal amaneció en ceros.
Se estima que por cada servidor público despedido sin indemnización el Gobierno Federal está birlando un promedio de 2.5 millones de pesos.
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