La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- De acuerdo a datos obtenidos vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), durante los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año, la Oficina de Representación de la Semarnat en Baja California Sur solo concluyó 2 trámites de solicitudes de autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental, y en el periodo de mayo, junio y julio del mismo año, se concluyeron 17 trámites del mismo tipo.
La respuesta obtenida de manera oficial no especifica el sentido de la resolución; en torno a la pregunta sobre si hay alguna consecuencia legal o sanción para el o los funcionarios responsables de no emitir este tipo de respuestas en el plazo de 60 días establecido en la legislación.
La Semarnat contestó que Los servidores públicos cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se les impondrán las sanciones administrativas contempladas en los artículos 75 y 78 de la de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, según se califique la gravedad de la falta administrativa; no informó sobre la existencia o no de sanciones.
En torno a la pregunta sobre cuál es la base legal para la disposición que ha informado la Jefa del Departamento de Impacto en Baja California Sur referente a no emitir respuestas de las MIAS hasta no terminar con el rezago que tienen de años anteriores?.
La Semarnat contestó que, derivado de una búsqueda en los archivos que obran en esta Oficina de Representación, no se tiene registro de documental alguna, a través del cual, la Jefa de Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, haya informado alguna disposición referente a no emitir respuestas de las MIA hasta no terminar con el rezago que tienen de años anteriores.
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Un documento en poder del sudcaliforniano refleja que de febrero del 2019 a junio del 2021, hay más de 40 los trámites de proyectos de inversión que están sin dictaminar, aunque la cifra actualizada al mes de diciembre podría llegar a más de 70; en la mayor parte de los casos, rebasando el término de 60 días hábiles que marca la ley para dar una respuesta.
Técnicos que se dedican a la elaboración de Manifestaciones de Impacto Ambiental consultados por este medio, informaron que el retraso se debe a que el personal de la Semarnat está dando prioridad a los proyectos de mayor antigüedad de los años 2018 y 2019, aunque ahí tampoco hay avances significativos.
Derivado de este rezago, algunos han tenido que recurrir al amparo de la justicia federal para que la Semarnat resuelva en los términos marcados por la ley y otros, han solicitado el la intervención del gobernador Víctor Castro Cosío, como sucedió hace apenas unos días en Guerrero Negro, en donde un cooperativista pesquero se quejó de la Semarnat respecto de un proyecto acuícola en esa región.
