La Paz, Baja California Sur.- Charlene Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur interpuso demandas por “robo agravado y violencia” de los sellos de la institución.
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Esto después de la reciente irrupción de consejeros en la sede provisional, donde decomisaron el sello oficial, por ser presuntamente “apócrifo” por encontrarse afuera del edificio en huelga.
“Los que están al interior del edificio de la sede oficial desde el 8 de enero son los únicos que valen”, aseguró el consejero Alejandro Maldonado Verdugo al retirarlos.
Ramos Hernández condenó estas acciones y las acusaciones de los consejeros Alejandro Maldonado y Arturo Mayorquín, así como la consejera María Elena Fong Amador.
Enfatizó que la sede provisional se estableció tras la toma de las instalaciones el pasado 8 de enero, siendo habilitada por la única representante legal de la institución, ella misma.
La presidenta informó haber interpuesto más denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por estos hechos, que calificó como una confrontación a la vida institucional y gobernabilidad.
Consideró vulnerada la privacidad de los alumnos de la Escuela de Música, sede temporal de la CEDH, especialmente de los menores de edad.
Ramos alertó a la ciudadanía sobre la importancia de acudir únicamente a la sede provisional, ubicada en Morelos esquina con Marcelo Rubio, colonia Centro, para solicitar y recibir servicios.
Alejandro Maldonado, por su parte interpuso otra denuncia por “falsificación de sellos, contraseñas o similares” y aseguró haber entregado los sellos a la PGJE.
Ambos destacaron el riesgo que representa el uso indebido del sello para la falsificación documentos.
ESTABAMOS ATENDIENDO REUNIONES FUERA
Ramos Hernández expuso que la acción se produjo mientras ella y el titular del Órgano Interno de Control, Alberto Torres Alfaro, estaban atendiendo reuniones fuera de la sede provisional.
Esto demuestra, según ella, intereses particulares para minar su autoridad como presidenta designada y única representante legal de la Comisión.
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Reiteró que los consejeros se extralimitan en sus atribuciones, obstaculizando la liberación pacífica de las oficinas y que alientan el conflicto, instigando a quienes tienen cerradas las instalaciones.
Aseguró que se tomarán acciones jurídicas para resolver situación y proteger a trabajadores que continúan prestando sus servicios, pese a lo que acusó como una intimidación, además del paro y la toma de las instalaciones.
