La Paz, Baja California Sur. – "Charlene se tiene que ir", expresó el consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Maldonado Verdugo.
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Sobre el paro laboral que cumplirá un mes el día 8 de febrero, informó que el Consejo Consultivo de la CEDH realizó una sesión extraordinaria en una "sede alterna", sin acuerdo alguno.
Ante todo, el consejero Alejandro Maldonado Verdugo expresó firmemente la necesidad de la renuncia o destitución de la presidenta Charlene Ramos Hernández.
Advirtió que a pesar de que la presidenta ha mencionado que "usará la fuerza pública" para recuperar el edificio, esto sería violatorio a sus derechos laborales y humanos.
DESCONOCIÓ PRESIDENTA AL CONSEJO
Narró que en la sesión del martes 30 de enero estuvieron presentes los cinco consejeros, quienes, dijo, solicitaron intervenir con base en el artículo 27 de la Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos sobre atribuciones y facultades del Consejo Consultivo.
Mencionó que, durante esta sesión, solicitaron una "votación económica" por próximos nombramientos que pretende, solicitud que acusó, fue desestimada por la presidenta, así como el papel del consejo como órgano supremo.
A pesar de la falta de diálogo y condiciones para celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias, el consejo celebrará otra sesión ordinaria para este miércoles 31 de enero a las 12:00 horas en la sala de juntas del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD).
El orden del día incluye la lista de asistencia y quórum legal, la aprobación del orden del día, el informe de actividades correspondiente al mes de diciembre de 2023, la elección de la “Persona Titular de la Secretaría Ejecutiva”, asuntos generales y la clausura.
Maldonado Verdugo denunció los intentos de Ramos Hernández de imponer un nuevo secretario o secretaria ejecutiva en la sesión ordinaria.
"Charlene se tiene que ir, se tiene que ir por alguno de estos procedimientos", afirmó el consejero, refiriéndose a la posible aplicación de un juicio político.
DENUNCIAS Y JUICIO POLÍTICO
Se refirió a las denuncias penales, administrativas y un juicio político interpuesto por trabajadores y extrabajadores de la CEDH contra la presidenta.
Maldonado Verdugo explicó que se están siguiendo tres procedimientos jurídicos: la Contraloría General del Estado (CGE), la Fiscalía Anticorrupción y una auditoría, solicitada al Auditor Superior del Estado, Ricardo Verdugo Llanas.
NO LES HAN PAGADO
Abordó el tema de los problemas financieros que enfrentan los trabajadores debido a la falta de pago, señalando que 9 trabajadores no han recibido su quincena completa.
Además, el consejero destacó las "amenazas de quema de archivos de las oficinas", que atribuyó a Ramos Hernández.
Sobre la posibilidad de buscar la presidencia de la CEDH en caso de la salida de Charlene Ramos, Maldonado Verdugo aclaró que, por el momento, no buscará contender por el cargo para garantizar transparencia y compromiso con la institución.
En cuanto a las reuniones con diputados y autoridades, el consejero informó que no se ha llegado a ningún acuerdo, y la falta de diálogo por parte de la presidenta persiste.
Subrayó la importancia de resolver la situación de manera pronta y transparente, evitando afectar más los derechos de los trabajadores y la ciudadanía.
TAMBIÉN DENUNCIA PENAL
Luego de una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se abrió el expediente LPZ/392/2024/NUC que involucra la presunta comisión de delitos de “uso ilícito de atribuciones y facultades”.
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La imputación o acusación a Charlene Ramos Hernández, en su calidad de servidora pública al frente de la CEDH, es por el presunto uso indebido de fondos públicos, desviándolos de su destino original o efectuando pagos ilegales.
Los delitos, en grado de consumado, se desprenden de la supuesta manipulación de recursos públicos que estaban bajo la responsabilidad de la presidenta de la comisión, expone el documento en poder de El Sudcaliforniano.
La víctima u ofendido, en este caso, es personal de la CEDH. La denuncia fue remitida a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y su Judicialización para una investigación especializada.
