La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- A través de una videoconferencia a medios de comunicación, representantes de las organizadoras: CERCA, CEMDA, Cambio de Ruta y Greenpeace, hicieron un llamado por parte de ciudadanos, miembros de comunidades, integrantes de las sociedades en conjunto a quienes están apoyando para una defensa legal que se ha emprendido para proteger derechos humanos a la salud, al medio ambiente, que son vulnerados por la actual política energética de México.
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El País está enfrentando una situación difícil en materia ambiental, el 70% de nuestra energía es generada por combustibles fósiles y sistemas que no ha recibido cambios mayores de tecnología en los últimos cuarenta años, para 2018 no se cumplió con la meta de generar fuentes limpias a menos de 25% y esta tendencia no ha cambiado.
La directora de operaciones del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Jaqueline Valenzuela Meza, habló sobre la decisión por parte de la ciudadanía de exigir vía legal mejores condiciones de energía en el estado.
“Es una decisión tomada por ciudadanos y ciudadanas de cuatro municipios de Baja California Sur quienes han determinado emprender acciones legales y así garantizar un mejor sistema eléctrico para el estado, está basado en el respeto a los derechos humanos y ambientales, el estado tiene un sistema eléctrico aislado está desconectado del interconectado nacional eso deriva que tengamos nuestras propias problemáticas desde 2014”
Hay un importante aumento de contaminación en los dos municipios donde se concentra la generación, los constantes apagones que tuvimos en 2019 además de contar con la tarifa más alta del país. Estas situaciones han derivado en que la ciudadanía levante la voz, cansada de tener una electricidad cara, contaminante a e insuficiente.
“Se pide mediante acciones legales, el abasto garantizado de electricidad, energía limpia de fuentes renovables y por último que se nos otorgue los beneficios vigentes de la generación distribuida para disminuir nuestra tarifa eléctrica, la ciudadanía de Baja California Sur, en este momento reclama su derecho a un medio ambiente sano, su salud, al suministro eléctrico constante y a poder instalar panales solares en sus casas” comentó Jaqueline Valenzuela.
El amparo 497/2020 ante el juez Tercero de Distrito con sede en La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez, contra la Instalación de Unidades Móviles Eléctricas en la Central de Combustión Interna (CCI) de la entidad y turbinas aeroderivadas; la construcción de una Central de Ciclo Combinado en 2021 y la unidad Baja California Sur VI para el año 2022, así como el uso de recursos públicos para infraestructura eléctrica, que omite el empleo de energías renovables, ya está admito y se está en espera de resolución, esperando se conceda la suspensión definitiva.
