Hoy se verá de qué está hecho el poder judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre un atropello flagrante a la constitución y a la democracia. Se trata de la extensión del periodo de la gubernatura de Baja California de 2 a 5 años, impuesta por el congreso estatal, dominado por Morena. La votación legislativa fue un muladar y se hizo después de que los ciudadanos habían elegido a Bonilla por un periodo de dos años.

El gobernador electo, envalentonado por el tsunami de Morena en la elección federal, impulsó en su beneficio la reforma y luego, imitando a su pastor, orquestó una consulta populachera a modo para bendecirla.

El hecho es ominoso y grosero.

Discutir sobre la constitucionalidad del mismo es ocioso. Se trata de una violación flagrante de todos los principios consagrados en ella. Ya en otro momento expuse los argumentos legales.

El Ministro Instructor Fernando Franco, un respetado jurista, ha presentado el proyecto para declarar inconstitucional el acto.

Pero hoy la Corte, para echar abajo este acto, requiere de una mayoría calificada de las dos terceras partes de los ministros. Ocho votos.

Esto demanda que los nuevos ministros, propuestos al Senado por el ejecutivo, demuestren su independencia y su valor.

Son 3: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Fajart.

El acto es tan sucio que no sólo se demanda a la corte que se eche abajo, sino que se haga por unanimidad.

Nada menos que eso es aceptable.

La democracia sirve para muchas cosas, pero una de ellas es esencial: asegurarse que los malos gobiernos se terminen de manera pacífica en fecha cierta.

Permitir que un órgano político pisotee la constitución y haga de las leyes una hechura a su medida sería condenar a muerte a la democracia.

La decisión del porvenir de la democracia y la libertad está, pues, en la corte.

El poder ejecutivo Federal pudo impugnar la constitucionalidad del acto y no lo hizo. López Obrador ha respondido, sibilino, que hará lo que diga la Corte, pero no apeló a ella ni condenó el golpe parlamentario.

Precisamente por ello, por su proclividad a ignorar al estado de derecho, a violar la ley si ello lo acerca su personal sentido de justicia, si la arbitrariedad sirve a sus intereses, es indispensable que la Corte pruebe que está a la altura de las circunstancias.

El Poder Judicial sirve, entre otras cosas, para eso: para frenar el abuso. Para corregir la plana. Para garantizar que el poder se someta a la constitución.

La independencia y la bravura de los jueces se mide no con presidentes débiles, sino con poderes excepcionales. No en circunstancias de bonanza, sino en épocas de desventura.

Nuestra democracia republicana se basa en la división de poderes, el federalismo, la representatividad y el laicismo.

Como nunca, cada uno de esos principios están en riesgo hoy. En una sola decisión, la Corte los solidificará o los hará volar en pedazos.

Habrá que dar un escrutinio especial a cada voto, a cada expresión.

Si el fallo falla, sabremos, sin lugar a dudas, que se ha abierto el camino a la dictadura. Validada por los jueces.

@fvazquezrig