Pandemia frenó evaluación de la Política Nacional Anticorrupción

La pandemia, sumada a una serie de restricciones presupuestales, frenó la evaluación de los alcances y resultados de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), retrasando su consolidación por más de un año, señaló la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

Esto es debido a que se frenó el Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción (MOSEC), mismo que arrancó formalmente en marzo de 2020 como parte del documento en el que se establecieron sus bases, estrategias y rutas de trabajo a seguir.

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“Sin embargo, y como se había mencionado anteriormente, la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 frenó cualquier trabajo relacionado en tanto no fuera superada dicha emergencia”, señaló la Secretaría en su informe 2020 del Programa Institucional 2020-2024.

Eso llevó a que los trabajos del MOSEC fueran replanteados y rediseñada la ruta de integración a tipos de trabajo a distancia, retrasando la presentación de la nueva ruta de trabajo hasta septiembre de 2020, lo que permitirá que su nueva integración comience durante el primer semestre del 2021, es decir, un año después.

En otras palabras, se afectó uno de los objetivos prioritarios del PNA, tanto a nivel federal como a nivel estatal, que hace referencia a la obligación del SESNA de elaborar y poner a consideración de la Comisión Ejecutiva la propuesta que permita dar un seguimiento puntual al fenómeno de la corrupción, así como evaluar los alcances y resultados del Política Nacional, establecida en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro aspecto que destaca el informe hace referencia al apoyo brindado para la construcción de la Política Estatal Anticorrupción (PEA). Sin bien la Secretaría informó que puso a disposición de los estados materiales de apoyo para su diseño y valoración técnica, indicó que 25 estados no cuentan con políticas anticorrupción concluidas.

En síntesis, informó que 13 entidades se encuentran con un PEA en proceso de elaboración, 10 entidades en retroalimentación y dos no han iniciado su proceso de elaboración; mientras que sólo siete entidades tienen una política aprobada.

“A nivel nacional la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y la consecuente reducción de recursos presupuestales implicó, en el primer semestre, un atraso en el cumplimiento de metas y objetivos”, concluyó. Sin embargo, resaltó que explorar alternativas y estrategias de coordinación con las secretarías ejecutivas de los sistemas estatales anticorrupción “se tradujeron en avances sustanciales” al cierre de año.