Un juez federal otorgó a la Fiscalía General de la República (FGR) ocho órdenes de aprehensión por delincuencia organizada contra elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) procesados previamente por el caso Ayotzinapa, que ya habían obtenido su libertad condicional hace una semana.
El abogado de los militares Alejandro Robledo informó al El Sol de México que por la tarde habían acudido tres de los ocho militares a firmar su libertad condicional, cuando les fue notificada la orden de aprehensión y fueron detenidos.
Posteriormente, agregó, los otros cinco militares con orden de aprehensión se entregaron. Detalló que mañana viernes se llevará la audiencia inicial, la cual prevé sea vía remota en el Juzgado Segundo de Distrito de procesos penales en Toluca, Estado de México.
El defensor aseguró que no le han informado los detalles de la investigación, ya que los agarró por sorpresa al estar en el Ministerio Público firmando las medidas cautelares. Ahí los detuvieron y notificaron de las órdenes de aprehensión contra sus defendidos.
Por su parte, el abogado de los familiares de los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, detalló a El Sol de México que no han sido notificados de la detención de los militares de nuevo.
“Sabemos que es por delito de delincuencia organizada y no por la desaparición forzada, pero de manera oficial no se nos ha notificado nada”, aseguró el abogado de la sierra de Guerrero.
Agregó que van a esperar a que avance la investigación, para tomar una postura respecto a las órdenes de aprehensión contra los ocho militares que habrían sido puestos en libertad condicional.
“Sigue siendo poco todavía, no vemos que sea significativo; sin embargo, podría ser una buena señal, pero vamos a esperar a que nos informen las autoridades lo conducente”, declaró Vidulfo Rosales.
La juez del Segundo de Distrito de Procesos en el Edomex dictó que los militares detenidos en el Campo Militar 1-A, podrían llevar su proceso en libertad a partir del 24 de enero, proceso iniciado por el delito de saparición forzada contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Entre las medidas cautelares emitidas por la juez se estipulaba que tendrían que ir a firmar ante ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes; también tenían prohibido acercarse al estado de Guerrero, así cómo alguna de las víctimas o testigos protegidos.
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