La Paz, Baja California Sur (OEM - informex).- Representantes de los ejidos San José de la Noria, San Javier, Loreto, Santo Domingo y ley Federal de Aguas número 4, se reunieron en Ciudad Insurgentes municipio de Comondú, para reorganizar la defensa de su patrimonio, ante la amenaza de que sus tierras sean decretadas como Area Natural Protegida, una iniciativa promovida por la ONG Niparajá , en una superficie de 1 millón 600 mil hectáreas desde el norte del municipio de La Paz hasta el sur de Mulegé.
Los ejidos ley Federal de Aguas número 1 y Ley Federal de Aguas número 3, no pudieron asistir, debido a que tenían audiencia en el Tribunal Agrario de la ciudad de La Paz.
En este encuentro, se ratificó el pacto de Cadejé que firmaran 13 ejidos en contra del proyecto de ANP Sierras La Giganta y Guadalupe, y al que posteriormente en el 2016 se sumaron más de 40 comunidades agrarias más de todo el estado, en solidaridad; además se acordó integrar una Comisión para dar seguimiento a esta lucha agraria.
El acuerdo fue no permitir que se concrete la amenaza de esta ANP, y llamar a los gobiernos federal y estatal para que “se pongan de lado de los campesinos”.
En esta reunión, los líderes ejidales desplegaron mantas con las leyendas Fuera Niparajá, Nosotras somos capaces de cuidar nuestras tierras, Rechazo Total al despojo de nuestras tierras, y Esta Tierra no se entrega, se defiende, entre otras.
Gritaron también consignas como “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
Entre los argumentos de los ejidos para rechazar este proyecto de decreto promovido por la ONG Niparajá desde hace aproximadamente 20 años, destaca que esta eventual declaratoria de Reserva de la Biosfera, afectaría la vida, las costumbres, el sustento y la idiosincrasia de las comunidades ejidales auténticamente sudcalifornianas y en los hechos se convertiría en una expropiación disfrazada debido a que pasaría a ser administrada por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, es decir por el gobierno federal, quien a su vez estaría en posibilidades, según cita la ley, de ceder la administración a asociaciones civiles.
Lo anterior, sin dejar de mencionar que una vez decretada el área natural protegida, se impondrían restricciones al desarrollo, en detrimiento del futuro de los pueblos y comunidades rurales a los que se condenaría a convertirse en observadores de la naturaleza.
Señalan además que la consulta que se llevó a cabo para la formulación del Estudio Previo Justificativo estuvo plagado de irregularidades tal y como lo admitió el subsecretario de Medio Ambiente Iván Rico, quien durante una reciente visita de La Paz señaló que este esta consulta estuvo muy manoseada.
Esta es la tercera reunión de grupos campesinos en rechazo al proyecto de área natural protegida Sierras La Giganta y Guadalupe; el primero fue hace apenas unos días en la comunidad de San Isidro, evento al que asistió el diputado federal Alfredo Porras Domínguez; el segundo fue en un foro convocado por el senador Ricardo Velázquez que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
El proyecto que tiene más de 20 años, se reactivó luego de las declaraciones del gobernador Víctor Castro Cosío, quien pretende se concrete este proyecto a fin, según él, de evitar en estas Sierras la minería tóxica, aunque en los hechos, la minería es de las escasas actividades permitidas en las áreas naturales protegidas.
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El diputado local y coordinador de la bancada de Morena en el congreso local, Jose Maria Avilés, también se ha pronunciado en favor de esta ANP, y propone a los ejidatarios que construyan ranchos sustentables como el de las Cacachilas, propiedad de Cristina Walton.
Según la página 204 del EPJ publicado durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, señala que las tierras la Giganta y Guadalupe son y seguirán siendo territorio de trabajo de Niparajá.(3,872 CARACTERES)
