La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- El dirigente estatal de la Coparmex Gustavo Díaz se manifestó en contra de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que se pretende regularizar los vehículos internados de manera ilegal al país, de los conocidos como carros Chocolate.
Líder del sindicato patronal recordó que con gobiernos anteriores también se trató de implementar una medida como ésta, a la que también en su momento los empresarios organizados se opusieron.
Es una amenaza para la economía y para los empleos formales en México, y afectaría a la industria automotriz, una actividad que es reconocida a nivel internacional.
Destacó la importancia de proteger a esta industria, una de las más afectadas por la pandemia y de las que más fuentes de trabajo generan a nivel nacional; denunció que en Baja California Sur hay una gran cantidad de vehículos en estas condiciones que además de no pagar ningún tipo de impuestos ni de permisos al estado y municipios, constituyen un riesgo para la seguridad pública.
Lo anterior debido a que por su condición de ilegalidad no pueden contar con ningún seguro contra accidentes, quedando los afectados en un percance totalmente desprotegidos.
Creemos que no es el camino ideal, porque se violenta el estado de derecho y se afecta la economía; legalizarlos sería un duro golpe para el sector automotriz, y un permiso a la ilegalidad, recalcó.
Gustavo Díazcoincidió en que es buena la intención de apoyar a quienes menos tienen y que demandan alternativas para su movilidad, pero evidentemente ese no es el camino, agregó; al contrario, no se debería permitir la presencia de estas unidades ni en la frontera ni ninguna entidad del país:
En ese sentido, demandó a las autoridades que retiren estos vehículos de circulación.
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estimó un desplomen de hasta un 35% en la venta de unidades nuevas en el año 2020, la cifra más alta de la historia.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
Lo anterior, debido a la venta indiscriminada de autos ilegales y sobre todo al desplome del sector turístico del estado a causa de la pandemia de Covid-19.
Se trata según la AMDA, de una competencia desleal y ventajosa y más en la primera etapa de la pandemia, cuando las organizaciones que defienden a los propietarios de vehículos ilegales, aprovecharon que las agencias de autos nuevos estuvieron cerradas para quedarse explotar el mercado de vehículos.
Como referencia, en el año 2019 las agencias de Baja California Sur vendieron 9 mil 100 unidades al menudeo y 800 en flotillas, 3 por ciento más que el año anterior.