/ jueves 25 de noviembre de 2021

Operativo de la CONAGUA en el Valle de Santo Domingo ¿Van por huachicoleros?

Los funcionarios federales se acompañan de elementos armados de la Policía Estatal

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua acompañados de elementos armados de la policía estatal, llevaron a cabo este jueves un operativo en los ranchos agrícolas del Valle de Santo Domingo, con fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos.

Aunque al cierre de esta edición no se conocía cuántos pozos fueron clausurados y cuántas actas levantadas y porqué motivo, ni tampoco si fue a causa de alguna denuncia o trabajo de rutina, fuentes de El Sudcaliforniano cuya identidad pidieron se resguardara, informaron que los funcionarios visitaron varios ranchos, en algunos casos llegando incluso con los códigos de las patrullas encendidos.

El operativo se da justamente después de que en la pasada campaña, el entonces candidato a la gubernatura por la alianza PT-Morena Víctor Castro Cosío –hoy titular delo poder ejecutivo- acusara públicamente a un grupo de agricultores de esa región agrícola de ser huachicoleros del agua, en referencia a algunos identificados con Francisco Pelayo Covarrubias, candidato al mismo cargo postulado por los partidos PRI, PAN, PRD, PSD y el Partido Humanista.

Se trató de una de las banderas de la campaña más fuertes de Castro Cosío y que tomó gran auge entre la opinión pública, entre otras, debido a la falta de agua potable para la población de la cabecera municipal Ciudad Constitución y al déficit de 30 millones de metros cúbicos del acuífero del Valle de Santo Domingo.

Aunque nunca fue explicado a fondo el concepto de huachicoleo, las fuentes de este medio señalan que los agricultores del Valle de Santo Domingo que habrían ofrecido este tema como bandera política al candidato de la 4T, -hoy funcionarios estatales- se habrían referido a la trasmisión de derechos de agua de uno o varios ranchos hacia determinados pozos donde operan las grandes corporaciones agrícolas, así como la reposición de perforaciones, los permisos vencidos o las cesiones de volúmenes con trámites en marcha pero sin concluir, debido a la tardanza de la CONAGUA, en donde hay que esperar hasta un año o más a que se atienda o se resuelva un asunto: según las fuentes de El Sudcaliforniano, son aproximadamente 3 mil los trámites que la CONAGUA tiene sin resolver.

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El operativo de este jueves levantó un gran nerviosismo entre los productores, dado que una gran cantidad de éstos tiene trámites sin resolver en la CONAGUA que pudieran ser motivo de multas o incluso de cancelación de pozos, aun y cuando en el transcurso del proceso se pudiera comprobar que esta condición es atribuible a la dependencia federal y no resultado de una irregularidad o negligencia de parte del productor.

Y es que en la zona agrícola del Valle de Santo Domingo no hay concesiones de agua para productores particulares, sino un solo título para 704 pozos a los que se les asigna una cuota de 250 millares a cada uno y se rigen por un reglamento interno, con una disponibilidad en el acuífero de 170 millones de metros cúbicos.

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- Funcionarios de la Comisión Nacional del Agua acompañados de elementos armados de la policía estatal, llevaron a cabo este jueves un operativo en los ranchos agrícolas del Valle de Santo Domingo, con fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos.

Aunque al cierre de esta edición no se conocía cuántos pozos fueron clausurados y cuántas actas levantadas y porqué motivo, ni tampoco si fue a causa de alguna denuncia o trabajo de rutina, fuentes de El Sudcaliforniano cuya identidad pidieron se resguardara, informaron que los funcionarios visitaron varios ranchos, en algunos casos llegando incluso con los códigos de las patrullas encendidos.

El operativo se da justamente después de que en la pasada campaña, el entonces candidato a la gubernatura por la alianza PT-Morena Víctor Castro Cosío –hoy titular delo poder ejecutivo- acusara públicamente a un grupo de agricultores de esa región agrícola de ser huachicoleros del agua, en referencia a algunos identificados con Francisco Pelayo Covarrubias, candidato al mismo cargo postulado por los partidos PRI, PAN, PRD, PSD y el Partido Humanista.

Se trató de una de las banderas de la campaña más fuertes de Castro Cosío y que tomó gran auge entre la opinión pública, entre otras, debido a la falta de agua potable para la población de la cabecera municipal Ciudad Constitución y al déficit de 30 millones de metros cúbicos del acuífero del Valle de Santo Domingo.

Aunque nunca fue explicado a fondo el concepto de huachicoleo, las fuentes de este medio señalan que los agricultores del Valle de Santo Domingo que habrían ofrecido este tema como bandera política al candidato de la 4T, -hoy funcionarios estatales- se habrían referido a la trasmisión de derechos de agua de uno o varios ranchos hacia determinados pozos donde operan las grandes corporaciones agrícolas, así como la reposición de perforaciones, los permisos vencidos o las cesiones de volúmenes con trámites en marcha pero sin concluir, debido a la tardanza de la CONAGUA, en donde hay que esperar hasta un año o más a que se atienda o se resuelva un asunto: según las fuentes de El Sudcaliforniano, son aproximadamente 3 mil los trámites que la CONAGUA tiene sin resolver.

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El operativo de este jueves levantó un gran nerviosismo entre los productores, dado que una gran cantidad de éstos tiene trámites sin resolver en la CONAGUA que pudieran ser motivo de multas o incluso de cancelación de pozos, aun y cuando en el transcurso del proceso se pudiera comprobar que esta condición es atribuible a la dependencia federal y no resultado de una irregularidad o negligencia de parte del productor.

Y es que en la zona agrícola del Valle de Santo Domingo no hay concesiones de agua para productores particulares, sino un solo título para 704 pozos a los que se les asigna una cuota de 250 millares a cada uno y se rigen por un reglamento interno, con una disponibilidad en el acuífero de 170 millones de metros cúbicos.

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