/ martes 10 de julio de 2018

Orden de desalojo no surgió del Ejido Cabo San Lucas

Los Cabos, Baja California Sur.-Posteriormente  a querepresentantes del Tribunal Agrario desalojaron a varias familiasde las invasiones denominadas Ampliación Real Unidad, autoridadesfederales indicaron que para que proceda este caso, tenían quemostrar una orden por escrito, la sentencia procedía, sin embargo,a pregunta expresa al representante legal del Ejido Cabo San Lucas,Héctor Essaú Arvizu González, vía telefónica comentó que seencontraba fuera de la ciudad, y no tenía conocimiento de dichasituación, pero que de inmediato averiguaría que estápasando.

PRESENCIA POLICIACA

El desalojo se registró pasando el mediodía en lasinvasiones ubicadas atrás de Bodega Aurrerá, a la altura de lacaseta de cobro de la carretera de cuota Cabo San Lucas-San Josédel Cabo, provocando el descontento de las personas por la fuerzapoliciaca integrada por instancias de federales y estatales queacompañaban al actuario del Tribunal Unitario Agrario, tambiénestuvo presente, quien se identificó como representante legal delEjido de Cabo San Lucas, Guadalupe Zamorano.

Los afectados argumentan que la licenciada del Ejido habíadictaminado que para no proceder con el desalojo, las personasdemandadas tenían que firmar un contrato de compraventa con losejidatarios y llegar a un acuerdo de pago.

Entrevistado al respecto, Eligio Soto López, delegadofederal del Tribunal Agrario en Baja California Sur, expresó quelos ejidatarios cuentan con un representante legal que les llevatodos los asuntos legales sobre las tierras ejidales, hablando deHéctor Essaú González Arvizu, y para proceder con el desalojo delas familias asentadas en las invasiones, debe estar presente unactuario del Tribunal Agrario para cumplir con lasentencia.

Añadió que la persona idónea que puede dar informacióndetallada del tema es Héctor Essaú, se le comentó a Soto Lópezque ya se había hablado con el representante legal del Ejido CSL,quien dijo desconocer el asunto, provocando este comentario lasorpresa en el funcionario.

Reiteró que desconocía lo sucedido en las zonas deinvasión en Cabo San Lucas, ubicadas atrás de Aurrerá, pero quesí es importante conocer a nombre de quién se está desalojando ysaber qué número de sentencia es la que se dictó para que lasautoridades procedan con el desalojo.

Por su parte, Roberto Salazar Castañeda, titular del InstitutoNacional del Suelo Sustentable (INSUS), explicó que el Ejidollevó el procedimiento judicial correspondiente, y el juez tendráque ordenar el desalojo, lo que, dijo, no le quedó muy claro en elasunto del desalojo, es que la empresa que tiene negocios con elEjido esté ofreciendo firmar un convenio por 200 mil pesos pararegularizarles el predio, no es algo explicable, ya que la acciónno es válida, porque la Ampliación Real Unidad es consideradazona de riesgo y/o inundable.

Continuó diciendo, que por ende, la ley establece que no puedenvenderse las tierras en esas condiciones, además de que debencontar con el dictamen favorable de la Comisión Nacional del Aguay de Protección Civil, los permisos del ayuntamiento, tanto dePlaneación y Desarrollo como de Catastro, deben tener inscritoslos lotes en el Registro Público de la Propiedad, así comosubdivisiones y lotificaciones correspondientes y hasta ahora nohay nada al respecto.

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Alfonso Méndez, vecino del lugar, externó que estas personasexigen dinero, “un dinero que no tenemos, pretenden cobrar 200mil pesos por el terreno, aunque sea en pagos, es mucho el dineroque están pidiendo, de enganche 40 mil pesos, “somos familias deescasos recursos, y si tuviéramos dinero pues no estuvieraarriesgando a mis hijos (de 3 y de 6 años), soy padre de familia,no gano mucho como chofer en una empresa de construcción, y metuve que ausentar de mi trabajo porque me avisó mi familia queandan desalojando”.

Añadió que los terrenos no deben de valer esa cantidad tanelevada, porque están en una área de alto riesgo, con zonasfederales, donde el mismo municipio los está vendiendo, porquecuando empezaron a hacer la venta fue por medio del municipio,“pero como les hicimos un plantón en la delegación,desistieron, buscan hacer dinero, entonces de qué se trata esto,están para apoyar a la población, no para desampararla de estamanera”.

Recordó que hubo una persona que los ayudó mucho para quepermanecieran en ese lugar, “pero no puede en este momentoapoyarnos, estamos desamparados y  en las manos de esa empresa quequiere los 200 mil pesos por el predio. Además no tiene caso quevengan tan resguardados por las policías Federal y Estatal, porqueno somos personas agresivas, también somos capaces de llegar aldiálogo”.

Detalló que antes de la tormenta tropical Lidia, tuvieron unacercamiento con quienes se ostentaban como representantes de laempresa El Zalate, “pero una vez que impactó Lidia, se tiraron aperder, y hasta ahora volvieron a resurgir, sólo para pedirdinero, y la pobre gente que murió, porque aquí hubo más de 200muertos que fueron arrastrados por el agua, y aun así quieren queuno les pague esa cantidad exorbitante, además no exhiben ningúntítulo de propiedad  que los acredite como dueños, cómo vamos apagarle a una empresa fantasma, al rato se desparecen y el dineroque dimos se va a perder, quién lo va a reembolsar, como pasó enLa Ballena de SJC, sólo prometen que se va a dar unacompraventa”.

AMENAZAS

Externó que está de acuerdo en pagar, pero que les den unareubicación en un lugar que no sea de alto riesgo, o que se hagarealmente la desviación del agua, como se anunció, nada másacuden a intimidar a la gente, amenazando a las familias pobres, yllegan con fuerzas policiacas para amedrentarlos y que firmen,comprometiéndose a pagar la cantidad  de 200 mil pesos.

“Como personas tenemos derechos, hasta una señora adultamayor se fue con todo y su familia,  luego de que querían hacerlafirmar y comprometerse a pagar dicha cantidad, por lo que alnegarse, fue desalojada, situación que la llevó al hospital,porque hasta la presión arterial se le bajó de la impresión,porque no sabía qué pasaría con ella y su familia.

Al final dijo el vecino del lugar del desalojo, que gana 2 milpesos a la semana, ¿dónde voy a resguardar a mi familia?, situviera que pagar 1800 de renta al mes, me quedo sin comer,“sabemos que es un lugar caro, pero no hay que abusar de lasfamilias vulnerables”.

Los Cabos, Baja California Sur.-Posteriormente  a querepresentantes del Tribunal Agrario desalojaron a varias familiasde las invasiones denominadas Ampliación Real Unidad, autoridadesfederales indicaron que para que proceda este caso, tenían quemostrar una orden por escrito, la sentencia procedía, sin embargo,a pregunta expresa al representante legal del Ejido Cabo San Lucas,Héctor Essaú Arvizu González, vía telefónica comentó que seencontraba fuera de la ciudad, y no tenía conocimiento de dichasituación, pero que de inmediato averiguaría que estápasando.

PRESENCIA POLICIACA

El desalojo se registró pasando el mediodía en lasinvasiones ubicadas atrás de Bodega Aurrerá, a la altura de lacaseta de cobro de la carretera de cuota Cabo San Lucas-San Josédel Cabo, provocando el descontento de las personas por la fuerzapoliciaca integrada por instancias de federales y estatales queacompañaban al actuario del Tribunal Unitario Agrario, tambiénestuvo presente, quien se identificó como representante legal delEjido de Cabo San Lucas, Guadalupe Zamorano.

Los afectados argumentan que la licenciada del Ejido habíadictaminado que para no proceder con el desalojo, las personasdemandadas tenían que firmar un contrato de compraventa con losejidatarios y llegar a un acuerdo de pago.

Entrevistado al respecto, Eligio Soto López, delegadofederal del Tribunal Agrario en Baja California Sur, expresó quelos ejidatarios cuentan con un representante legal que les llevatodos los asuntos legales sobre las tierras ejidales, hablando deHéctor Essaú González Arvizu, y para proceder con el desalojo delas familias asentadas en las invasiones, debe estar presente unactuario del Tribunal Agrario para cumplir con lasentencia.

Añadió que la persona idónea que puede dar informacióndetallada del tema es Héctor Essaú, se le comentó a Soto Lópezque ya se había hablado con el representante legal del Ejido CSL,quien dijo desconocer el asunto, provocando este comentario lasorpresa en el funcionario.

Reiteró que desconocía lo sucedido en las zonas deinvasión en Cabo San Lucas, ubicadas atrás de Aurrerá, pero quesí es importante conocer a nombre de quién se está desalojando ysaber qué número de sentencia es la que se dictó para que lasautoridades procedan con el desalojo.

Por su parte, Roberto Salazar Castañeda, titular del InstitutoNacional del Suelo Sustentable (INSUS), explicó que el Ejidollevó el procedimiento judicial correspondiente, y el juez tendráque ordenar el desalojo, lo que, dijo, no le quedó muy claro en elasunto del desalojo, es que la empresa que tiene negocios con elEjido esté ofreciendo firmar un convenio por 200 mil pesos pararegularizarles el predio, no es algo explicable, ya que la acciónno es válida, porque la Ampliación Real Unidad es consideradazona de riesgo y/o inundable.

Continuó diciendo, que por ende, la ley establece que no puedenvenderse las tierras en esas condiciones, además de que debencontar con el dictamen favorable de la Comisión Nacional del Aguay de Protección Civil, los permisos del ayuntamiento, tanto dePlaneación y Desarrollo como de Catastro, deben tener inscritoslos lotes en el Registro Público de la Propiedad, así comosubdivisiones y lotificaciones correspondientes y hasta ahora nohay nada al respecto.

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Alfonso Méndez, vecino del lugar, externó que estas personasexigen dinero, “un dinero que no tenemos, pretenden cobrar 200mil pesos por el terreno, aunque sea en pagos, es mucho el dineroque están pidiendo, de enganche 40 mil pesos, “somos familias deescasos recursos, y si tuviéramos dinero pues no estuvieraarriesgando a mis hijos (de 3 y de 6 años), soy padre de familia,no gano mucho como chofer en una empresa de construcción, y metuve que ausentar de mi trabajo porque me avisó mi familia queandan desalojando”.

Añadió que los terrenos no deben de valer esa cantidad tanelevada, porque están en una área de alto riesgo, con zonasfederales, donde el mismo municipio los está vendiendo, porquecuando empezaron a hacer la venta fue por medio del municipio,“pero como les hicimos un plantón en la delegación,desistieron, buscan hacer dinero, entonces de qué se trata esto,están para apoyar a la población, no para desampararla de estamanera”.

Recordó que hubo una persona que los ayudó mucho para quepermanecieran en ese lugar, “pero no puede en este momentoapoyarnos, estamos desamparados y  en las manos de esa empresa quequiere los 200 mil pesos por el predio. Además no tiene caso quevengan tan resguardados por las policías Federal y Estatal, porqueno somos personas agresivas, también somos capaces de llegar aldiálogo”.

Detalló que antes de la tormenta tropical Lidia, tuvieron unacercamiento con quienes se ostentaban como representantes de laempresa El Zalate, “pero una vez que impactó Lidia, se tiraron aperder, y hasta ahora volvieron a resurgir, sólo para pedirdinero, y la pobre gente que murió, porque aquí hubo más de 200muertos que fueron arrastrados por el agua, y aun así quieren queuno les pague esa cantidad exorbitante, además no exhiben ningúntítulo de propiedad  que los acredite como dueños, cómo vamos apagarle a una empresa fantasma, al rato se desparecen y el dineroque dimos se va a perder, quién lo va a reembolsar, como pasó enLa Ballena de SJC, sólo prometen que se va a dar unacompraventa”.

AMENAZAS

Externó que está de acuerdo en pagar, pero que les den unareubicación en un lugar que no sea de alto riesgo, o que se hagarealmente la desviación del agua, como se anunció, nada másacuden a intimidar a la gente, amenazando a las familias pobres, yllegan con fuerzas policiacas para amedrentarlos y que firmen,comprometiéndose a pagar la cantidad  de 200 mil pesos.

“Como personas tenemos derechos, hasta una señora adultamayor se fue con todo y su familia,  luego de que querían hacerlafirmar y comprometerse a pagar dicha cantidad, por lo que alnegarse, fue desalojada, situación que la llevó al hospital,porque hasta la presión arterial se le bajó de la impresión,porque no sabía qué pasaría con ella y su familia.

Al final dijo el vecino del lugar del desalojo, que gana 2 milpesos a la semana, ¿dónde voy a resguardar a mi familia?, situviera que pagar 1800 de renta al mes, me quedo sin comer,“sabemos que es un lugar caro, pero no hay que abusar de lasfamilias vulnerables”.

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