La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) y la Dirección de Movilidad y Transporte del H. XVII Ayuntamiento de La Paz, así como la representación estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) llevaron a cabo el Proyecto Piloto de implementación de los Lineamientos para la Prevención y Atención del Acoso Sexual contra Mujeres en el Transporte Público Colectivo en la Ruta 05 de Transportes Calafia dio a conocer su titular, Paola Arzate.
Desde el pasado mes de junio el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJESRES) anunció que La Paz fue un municipio seleccionado para este ejercicio con la intención de alcanzar de manera paulatina todas las rutas del municipio con la intención de generar espacios seguros para las niñas, adolescentes y mujeres.
Como resultado se realizaron mesas de trabajo junto a titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Dirección del Centro de Justicia para las Mujeres, el C4, Transporte del Gobierno del Estado; el Juzgado Cívico y la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad del H. XVII Ayuntamiento de La Paz.
La realización de encuestas a usuarias del transporte colectivo; la pega de carteles dentro de la Ruta Calafia 05 y en paraderos así como la distribución de trípticos informativos en las rutas Calafia y La Pasión; capacitaciones dirigidas a conductores de transporte urbano grupo Calafia así como a policías municipales y estatales para el conocimiento del Protocolo de Atención y Derivación.
De acuerdo a los Lineamientos, el acoso sexual en el transporte público es una forma de violencia contra las mujeres relacionada con conductas, prácticas y diversas manifestaciones de connotación sexual como miradas lascivas, sonidos, “piropos”, tocamientos, roces; que son recibidos desde una persona desconocida o no, que ocurran a bordo de la unidad de transporte o en la infraestructura de acceso.
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El acoso sexual se considera un delito en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Baja California Sur y está tipificado en el Código Penal estatal con pena de un año a dos años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días además de que el Juzgado Cívico municipal puede aplicar faltas administrativas sobre el particular que van desde el arresto por 36 horas hasta multa, trabajo en favor de la comunidad y/o terapias psicológicas.
