La incursión de autos chocolates a Baja California Sur procedentes de Estados Unidos, y la tolerancia de las autoridades ante esta situación, a todas luces ilegal, no sólo afecta a los comerciantes establecidos y a la industria automotriz nacional, sino que se ha convertido en un factor de corrupción, que lo mismo beneficia a policías municipales que a federales, y sobre todo a una camarilla que lucra con lo que originalmente se justificó como una necesidad social de quienes ocupaban un vehículo utilitario para trabajar, señaló Guillermo Salgado Mendoza, dirigente local de la Canaco.

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COSTOS

Explicó que unas placas de Onappafa cuestan más de 2 mil pesos, mientras que las placas oficiales que emite el Ayuntamiento, tienen un costo de 827 pesos, lo único que el dueño de un vehículo se ahorra es la importación, es decir, deja de pagarle al gobierno, mientras que organizaciones, como la antes citada, ya casi tienen su propia dirección de tránsito, acusó.

Señaló que las Onapafa y otras agrupaciones ofrecen en su paquete la asesoría legal, pero en los hechos, los propietarios de este tipo de carros son presa fácil en los retenes de la Policía Federal y algunos retenes municipales, quienes los amenazan con recogerles el vehículo.

Recordó que fue durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se permitió y toleró la indiscriminada entrada de autos ilegales al país, una situación que Peña Nieto siguió tolerando, y lo más seguro es que el gobierno de López Obrador siga con esta tónica, dijo.

Es de tal magnitud este problema, que basta ver un estacionamiento de cualquier centro comercial para constatar que casi la mitad de los carros estacionados son irregulares, concluyó.