La Paz, B.C.S. (OEM-Informex).- La edición del Diario oficial de la federación mexicana del sábado 20 de febrero de 1971 publicó la última Ley Orgánica del Territorio de la Baja California Sur.
En ésta se argumentaba la pertinencia de restablecer el régimen de municipio libre en la entidad, ya que es “sin disputa una de las grandes conquistas de la Revolución, como que es la base del gobierno libre, conquista que no sólo dará libertad política a la vida municipal, sino que también le dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas sus necesidades.”
El documento exponía que “la municipalidad es una congregación humana, natural y espontánea dentro de una determinada región, que procura metas claramente definidas, tales como la satisfacción de sus necesidades materiales y culturales tanto individuales como colectivas; es decir –añadía- la consecución de un bien común específico que reclama el esfuerzo total de un núcleo de personas que va más allá del familiar...”
Y agregó que, al ser el municipio “base de la organización política y administrativa del país, su restablecimiento en el Territorio de la Baja California Sur... da el fundamento necesario para que sus habitantes participen más activamente en su vida política, cuando la entidad acelera el ritmo de su desarrollo económico.”
Y así quedó dispuesta la transformación de las siete delegaciones de gobierno en tres municipios, “tomando en consideración razones de orden económico y demográfico...”
El gobierno del presidente Luis Echeverría ponía de tal manera una base imprescindible para la inminente conversión del Territorio federal en Estado de la federación, sobre el criterio esencial de la autosuficiencia económica de los municipios y la correspondiente solvencia financiera de sus ayuntamientos.
Éstos comenzaron a organizarse a partir del 1 de enero de 1972 y a operar en las condiciones óptimas que le permitían el equipo y los inmuebles heredados de las antiguas delegaciones (que eran suficientes), una nómina razonable de empleados de base y de confianza, así como el apoyo comprometido en recursos dinerarios de los gobiernos federal y local.
Estábamos lejos, por entonces, de enfrentar la situación frecuente de caos provocado por la ineficiencia administrativa, las desviaciones nunca explicadas de fondos públicos, la ofensiva proliferación de expendios de bebidas alcohólicas, las invasiones de terrenos con permisos y protección oficiales, los asentamientos humanos consentidos en zonas de riesgo, la insensibilidad política tanto como los enconos y divisiones que tienen indudable origen en actitudes partidistas y electoreras.
Aun así, desde el ejecutivo estatal hubo quien anunciara la intención de promover el establecimiento de otro municipio, en la zona más norteña del estado, sin que de entrada se tuviera un estudio de factibilidad para el sostenimiento de la nueva plantilla burocrática,y de probable impacto socioeconómico en la región.
Ahora vuelve a la carga la desinformación y el antojadizo de moda que pretende convertir en nuevo municipio a la actual delegación de Cabo San Lucas, que –según dice el rumor por conducto de una diputada local- asumiría incluso las jurisdicciones de Los Barriles y Todos Santos.
En política todo lo que divide, debilita, y si bien es Cabo San Lucas generador de buena parte del PIB estatal, y sus pobladores se sienten desatendidos por las administraciones gubernamentales, ninguna de estas razones es suficiente ni las dos juntas bastan para acometer un desgajamiento de tal naturaleza.
Puede uno preguntarse dónde está, para esa finalidad,la infraestructura que se requiere para la autosuficiencia de la vida municipal; donde la consulta a la población cabeña sobre el asunto, dónde las razones válidas y suficientes para intentar el nuevo fraccionamiento del territorio estatal.
A todos los sudcalifornianos debe ocuparnos el interés y la reflexión un tema tan serio, como debiera serlo para quienes se hallan en la cima de las decisiones políticas.
Lejos de negar la posibilidad fundacional del sexto municipio, podemos creer que ello debe ocurrir una vez que nuestros conciudadanos del extremo sur estatal posean bases tangibles, sólidas y crecientes para su próspera existencia autónoma. Porque está fuera de duda de que son capaces de crearlas por sí y con el apoyo del resto de sus paisanos.
Sin embargo, la demagogia y el populismo de nada sirven para un proyecto tan importante.
Se debe cambiar para mejorar y crecer, y de ningún modo para seguir igual o peor, pero este axioma insoslayable del desarrollo social parece perder importancia ante la expectativa de distraer la atención pública, lograr simpatía popular, captar aceptación política y obtener ganancia comicial.
Pese a todo, confiamos en que la razón prevalecerá y que la responsabilidad de los actores pensantes del proceso en cuestión finalmente procurará llevar a cabo a su tiempo tal propósito, justo sin duda, sin apresuramientos indebidos ni ligerezas fatales.
Así sea.
