Junto a 31 legisladores locales y federales manifiesta su preocupación por el avance de la violencia por razones de género en el país, haciendo énfasis en el caso de la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz en el estado de Oaxaca, rociada con ácido.
Tras la tipificación del delito de lesiones por razones de género en BCS, la legisladora, Daniela Rubio afirmó que lo importante es que las mujeres o familiares de mujeres que detecten actitudes de violencia hacia ellas, lo denuncien de inmediato
Diputados tanto federales como de diversas legislaturas de las entidades federativas de la República Mexicana expresaron mediante un comunicado a la opinión pública su preocupación por el avance de la violencia por razones de género en el país, para tomar postura y emprender acciones para enfrentar los hechos reprobables derivados de ella.
Destacan en la misiva que han puesto especial atención al terrible ataque sufrido desde septiembre pasado, a la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz en el estado de Oaxaca, que después de haber padecido múltiples amenazas y agresiones fue rociada con ácido con la clara intención de atentar contra su vida y su integridad física.
Los firmantes dijeron compartir la preocupación con la sociedad oaxaqueña y de todo el país, debido a que, aún a pesar de la detención de los autores materiales de la agresión contra María Elena, aún falta mucho por hacer justicia; ya que quien ha sido identificado por ella, sus familiares y amigos como autor intelectual de la agresión, está lejos de ser investigado y juzgado por la justicia de la entidad.
“Manifestamos que no podemos estar de acuerdo con cualquier tipo de privilegio en la procuración e impartición de justicia, por lo que vemos con preocupación que el juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Oaxaca haya concedido, mediante juicio de amparo, la suspensión provisional de cualquier orden de aprehensión en contra del exdiputado local y empresario de Oaxaca Juan Antonio Vera Carrizal. Ya que, dadas las circunstancias, dicha resolución puede estar alejada de la protección de los derechos humanos establecida en nuestras leyes, y puede convertirse en un instrumento de impunidad y evasión de la justicia, en favor de una persona que se vale del poder político y económico a su disposición”.
En ese sentido reiteran el respeto al principio constitucional de presunción de inocencia y que éste debe ser efectivo para todos. Sin embargo, no pueden coincidir en la implementación de argucias legales que faciliten que cualquier persona imputable por un delito, sea debidamente investigada y en su caso, sancionada por la justicia.
El documento que fue firmado por 32 legisladores federales y locales incluida la Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en Baja California Sur Daniela Rubio Avilés quienes expresaron su preocupación por el tipo de agresiones como la antes señalada, que son especialmente aberrantes y alevosas, por lo que bien pueden ser parte de la “violencia feminicida” reconocida en el marco legal.
Con base en lo anterior, manifiestan sumarse a las inquietudes expresadas por el Colectivo de Mujeres 50+1 en el caso de la aberrante agresión contra María Elena reiterando a las autoridades correspondientes que las medidas mínimas necesarias para la debida procuración e impartición de justicia sean las siguientes:
1.- La Investigación eficiente e imparcial de la Fiscalía de Oaxaca para llegar hasta las últimas consecuencias del crimen en contra de María Elena. 2.- Que las autoridades de Oaxaca aporten elementos que permitan la condena ejemplar de los autores materiales e intelectuales de este delito. 3.- Que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de María Elena y de sus familiares y amigos que se encuentran en calidad de víctimas indirectas, así como del otorgamiento de las medidas cautelares para su debida protección. 4.- Que la atención integral y especializada a María Elena Ríos no tenga ningún impedimento. 5.- Que la defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca exija protección integral a las autoridades, tanto hacia la víctima como a sus familiares y amistades.
Por su parte, la diputada Daniela Rubio Avilés, dijo que en Baja California Sur recientemente se tipificó el delito de lesiones por razones de género, que sanciona de manera ejemplar a quienes cometan lesiones contra una mujer con sustancias corrosivas, aunque afirmó que lo importante es que las mujeres o familiares de mujeres que detecten actitudes de violencia hacia ellas, lo denuncien de inmediato a las autoridades ministeriales, antes de que las agresiones puedan escalar y consumar un delito por razones de género como el feminicidio o lesiones que dejen una marca permanente de ese acto violento.
