La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Baja California Sur es la primera entidad del país en implementar el Programa de Justicia Terapéutica usando todos los caminos procesales posibles, es decir, acuerdos reparatorios, suspensiones comisiónales de proceso y sustitutivos penales, por lo cual la experiencia del programa en la entidad servirá como ejemplo para el resto de la República Mexicana en el tema de la justicia terapéutica.
Con la participación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ), adscrita a la Secretaría de Gobernación y los poderes ejecutivo y judicial de Baja California Sur se llevó a cabo la firma del Convenio para la Implementación del Programa de Justicia Terapéutica en la entidad.
Al hacer uso de la voz, el gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que el Programa de Justicia Terapéutica es un gran desafío y un reto que permitirá mejorar el Sistema de Justicia Penal en Baja California Sur, ya que es indispensable que nadie se quede de brazos cruzados en el delicado tema como son las adicciones, por lo cual celebró que se busquen alternativas para ayudar a las personas que tienen este problema.
El jefe del ejecutivo sudcaliforniano subrayó que, se debe seguir trabajando en unidad para que los tres poderes públicos del Estado, puedan ir encontrando rutas de trabajo de credibilidad y confianza a la ciudadanía, al tiempo que agradeció el esfuerzo de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Unidad de Apoyo al Sistema del Abuso de Drogas (CICAD-OEA) y de la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia.
Suscríbete aquí a la edición digital de El Sudcaliforniano
La explicación de motivos estuvo a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Gallo Rodríguez, quién indicó que este programa busca promover alternativas para las personas que están relacionadas con delitos no graves, no violentos pero que involucran el abuso de sustancias psicoactivas, dándoles la opción de una rehabilitación para evitar el encarcelamiento o a su vez un antecedente criminal.
El magistrado Presidente, manifestó que lo anterior puede ser posible mediante un esquema de supervisión judicial, el sometimiento de los participantes de manera voluntaria a un tratamiento médico diseñado por profesionales de la salud mental y adicciones, así como la integración de actividades educativas, laborales, socioeconómicas o las que necesite la o el participante para facilitar su reinserción social, con la finalidad de impactar la vida de las personas participantes, su núcleo familiar y de la sociedad.
Finalmente, el representante de la Secretaría de Gobernación, Jiménez Núñez, resaltó la participación de los tres poderes estatales, lo cual da cuenta de la colaboración y del equilibro republicano con que se atiende la función pública en el Estado, agradeciendo el impulso dado a esta alternativa del sistema penal.
