/ sábado 8 de junio de 2019

Controversia por extinción de dominio por pesca furtiva

Ven riesgo de abusos en su aplicación; es un mal necesario, opinan algunos

La Paz, Baja California Sur.- Reacciones encontradas en torno a la iniciativa de ley presentada por la diputada federal Ana Ruth García Grande para incluir a la pesca ilegal en la modalidad de extinción de dominio que actualmente aplica –entre otros- para delincuencia organizada y narcotráfico.

Los pescadores de la zona pacífico norte la defienden por considerar que esta es una forma de frenar la depredación de recursos de gran valor comercial como langosta y abulón que tienen concesionados en más de 400 kilómetros de litorales de San Juanico hasta los campos pesqueros de Isla Natividad, El Queen y Malarrimo en la Bahía Sebastián Vizcaíno, y de los cuales dependen casi en su totalidad más de 10 comunidades.

Otros cooperativistas de La Paz y Bahía Magdalena manifiestan sus reservas y hasta consideraron que el proyecto de ley es bastante duro e incluso peligroso, porque dejaría en la indefensión a las familias que se ven en la necesidad de sacar algún producto en veda para satisfacer sus necesidades más elementales.

José Flores, presidente de la Federación de Cooperativas Zona Centro manifestó su preocupación por esta ley ante el riesgo de que se lleguen a cometer abusos o injusticias, aunque consideró que sí se deben de buscar sanciones enérgicas para que el pescador furtivo le piense dos veces, ya que en la actualidad la ley es muy flexible, lo que provoca que la gente siga trabajando de manera ilegal.

Florencio Aguilar, líder pesquero de Las Barrancas y San Juanico manifestó su apoyo a este proyecto; de alguna manera veo bien la iniciativa, dijo; como cooperativa tenemos 61 años constituidos y hemos subsistido gracias que cuidamos los recursos y respetamos las vedas; es necesaria una medida como esta para garantizar que se preserven los recursos del mar, agregó.

Por separado, el presidente de la Cooperativa Punta Banderitas de Puerto San Carlos Marco Antonio Cazares calificó la propuesta como “muy dura y agresiva”, y afirmó que mientras el estado no garantice empleo a las familias de las comunidades ribereñas no habrá manera de parar la pesca furtiva; la gente tiene que comer, y mantener a sus hijos, es un mal necesario, afirmó;: no obstante, aceptó que la ley vigente está muy flexible.

La Paz, Baja California Sur.- Reacciones encontradas en torno a la iniciativa de ley presentada por la diputada federal Ana Ruth García Grande para incluir a la pesca ilegal en la modalidad de extinción de dominio que actualmente aplica –entre otros- para delincuencia organizada y narcotráfico.

Los pescadores de la zona pacífico norte la defienden por considerar que esta es una forma de frenar la depredación de recursos de gran valor comercial como langosta y abulón que tienen concesionados en más de 400 kilómetros de litorales de San Juanico hasta los campos pesqueros de Isla Natividad, El Queen y Malarrimo en la Bahía Sebastián Vizcaíno, y de los cuales dependen casi en su totalidad más de 10 comunidades.

Otros cooperativistas de La Paz y Bahía Magdalena manifiestan sus reservas y hasta consideraron que el proyecto de ley es bastante duro e incluso peligroso, porque dejaría en la indefensión a las familias que se ven en la necesidad de sacar algún producto en veda para satisfacer sus necesidades más elementales.

José Flores, presidente de la Federación de Cooperativas Zona Centro manifestó su preocupación por esta ley ante el riesgo de que se lleguen a cometer abusos o injusticias, aunque consideró que sí se deben de buscar sanciones enérgicas para que el pescador furtivo le piense dos veces, ya que en la actualidad la ley es muy flexible, lo que provoca que la gente siga trabajando de manera ilegal.

Florencio Aguilar, líder pesquero de Las Barrancas y San Juanico manifestó su apoyo a este proyecto; de alguna manera veo bien la iniciativa, dijo; como cooperativa tenemos 61 años constituidos y hemos subsistido gracias que cuidamos los recursos y respetamos las vedas; es necesaria una medida como esta para garantizar que se preserven los recursos del mar, agregó.

Por separado, el presidente de la Cooperativa Punta Banderitas de Puerto San Carlos Marco Antonio Cazares calificó la propuesta como “muy dura y agresiva”, y afirmó que mientras el estado no garantice empleo a las familias de las comunidades ribereñas no habrá manera de parar la pesca furtiva; la gente tiene que comer, y mantener a sus hijos, es un mal necesario, afirmó;: no obstante, aceptó que la ley vigente está muy flexible.

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