/ miércoles 5 de mayo de 2021

Brasil frena vacunación contra covid; no hay dosis

Una comisión del Senado inicia indagatoria para deslindar responsabilidades por la gestión de la pandemia de Covid

Varias ciudades brasileñas enfrentan escasez de segundas dosis de la vacuna contra EL Covid-19 Coronavac, lo que frenó la imunización, mientras el Tribunal Supremo brasileño advirtió de que el retraso en la inoculación de segundas dosis puede conllevar sanciones.

Al menos siete capitales del país, Aracajo, Belo Horizonte, Belém, Campo Grande, Porto Alegre, Porto Velho y Recife presentan en la actualidad problemas de suministro y tienen parada la inoculación, mientras Rio de Janeiro y Fortaleza pudieron reanudar la campaña al recibir segundas dosis de Coronavac, informa el medio brasileño G1.

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El estado de Ceará se ha visto también afectado por la falta de dosis, y la Justicia Federal respondió a una acción civil pública interpuesta por el gobierno estatal y otras instituciones, con el objetivo de obtener suministro, con una multa para el gobierno en caso de más retrasos en las entregas.

El juez Joao Luis Nogueira Matias ordenó esta sanción, que supone una multa de 100 mil dólares por día de retraso, junto al envío de 49 mil dosis adicionales a Ceará, cantidad basada en el número de personas afectadas por el retraso en la inoculación.

En este contexto, el juez del Tribunal Supremo Federal Ricardo Lewandowski avisó a los gerentes públicos de que pueden ser sancionados por irregularidades ante los retrasos en la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En tanto, el exministro brasileño de Salud Luiz Henrique Mandetta afirmó que alertó “sistemáticamente” al presidente Jair Bolsonaro sobre las “gravísimas consecuencias” de sus posturas frente a la pandemia, al declarar ante la comisión que deslinda responsabilidades en la tragedia que ya dejó casi 410 mil muertos.

“Brasil hubiera podido hacer más. Podríamos haber empezado a vacunar en noviembre pasado”, dos meses antes de cuando se inició una lenta campaña de inmunización, dijo Mandetta, primer testigo convocado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado.

Los primeros convocados por la CPI fueron los cuatro ministros de Salud que se sucedieron en el cargo desde el inicio de la crisis sanitaria.

Las labores de esta CPI tienen el potencial de complicar la reelección de Bolsonaro en octubre de 2022.




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Al menos siete capitales del país, Aracajo, Belo Horizonte, Belém, Campo Grande, Porto Alegre, Porto Velho y Recife presentan en la actualidad problemas de suministro y tienen parada la inoculación, mientras Rio de Janeiro y Fortaleza pudieron reanudar la campaña al recibir segundas dosis de Coronavac, informa el medio brasileño G1.

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El estado de Ceará se ha visto también afectado por la falta de dosis, y la Justicia Federal respondió a una acción civil pública interpuesta por el gobierno estatal y otras instituciones, con el objetivo de obtener suministro, con una multa para el gobierno en caso de más retrasos en las entregas.

El juez Joao Luis Nogueira Matias ordenó esta sanción, que supone una multa de 100 mil dólares por día de retraso, junto al envío de 49 mil dosis adicionales a Ceará, cantidad basada en el número de personas afectadas por el retraso en la inoculación.

En este contexto, el juez del Tribunal Supremo Federal Ricardo Lewandowski avisó a los gerentes públicos de que pueden ser sancionados por irregularidades ante los retrasos en la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

En tanto, el exministro brasileño de Salud Luiz Henrique Mandetta afirmó que alertó “sistemáticamente” al presidente Jair Bolsonaro sobre las “gravísimas consecuencias” de sus posturas frente a la pandemia, al declarar ante la comisión que deslinda responsabilidades en la tragedia que ya dejó casi 410 mil muertos.

“Brasil hubiera podido hacer más. Podríamos haber empezado a vacunar en noviembre pasado”, dos meses antes de cuando se inició una lenta campaña de inmunización, dijo Mandetta, primer testigo convocado por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado.

Los primeros convocados por la CPI fueron los cuatro ministros de Salud que se sucedieron en el cargo desde el inicio de la crisis sanitaria.

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