/ miércoles 5 de septiembre de 2018

Cofepris obstaculiza el uso del cannabis, denuncia MUCD

Solicita requisitos no previstos en reglamentos, como la acreditación del interés jurídico

Cofepris obstaculiza el uso de la cannabis medicinal y personal denunció la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD)

La organización civil presentó de maneracformal una denuncia contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por actos injustificados e ilegales cometidos para obstaculizar el curso de diversas solicitudes orientadas a obtener permisos en materia de cannabis medicinal y personal.

Desde abril del presente año, Cofepris a través de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, se negó a dar plazos de respuesta a las solicitudes referidas y, cada que MUCD realizaba trámites de este tipo, los funcionarios de la dependencia referían términos de tiempo cada vez más largos, sin que estos se encontraran debidamente fundamentados en la ley.

Sumado a lo anterior, la Cofepris ha solicitado requisitos no previstos en los reglamentos correspondientes, por ejemplo, la acreditación del “interés jurídico o legítimo” para poder otorgar los permisos, denunció MUCD.

“Cabe señalar que el interés jurídico y el interés legítimo son requisitos propios del Juicio de Amparo que nada tienen que ver con la solicitud de un permiso de carácter administrativo y que no existe, en ninguna ley, la facultad de Cofepris par solicitar dicho requisito”, informó en un comunicado.

El delito de Abuso de Autoridad se contempla en el Artículo 215 del Código PenalFederal. Este se configura, entre otros supuestos, cuando los servidores públicos retardan o niegan a las personas, de manera injustificada, la protección o servicio que están obligados a otorgar, dice la organización civil.

Por lo anterior, la organización civil reprobó el actuar indebido de la autoridad para obstaculizar la realización de trámites relacionados al cannabis y exigió que Cofepris se apegue a sus obligaciones legales, pues de no hacerlo “estarían cometiendo un delito federal y violando los derechos humanos de las personas que solicitan sus servicios”.


Cofepris obstaculiza el uso de la cannabis medicinal y personal denunció la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD)

La organización civil presentó de maneracformal una denuncia contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por actos injustificados e ilegales cometidos para obstaculizar el curso de diversas solicitudes orientadas a obtener permisos en materia de cannabis medicinal y personal.

Desde abril del presente año, Cofepris a través de la Dirección Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, se negó a dar plazos de respuesta a las solicitudes referidas y, cada que MUCD realizaba trámites de este tipo, los funcionarios de la dependencia referían términos de tiempo cada vez más largos, sin que estos se encontraran debidamente fundamentados en la ley.

Sumado a lo anterior, la Cofepris ha solicitado requisitos no previstos en los reglamentos correspondientes, por ejemplo, la acreditación del “interés jurídico o legítimo” para poder otorgar los permisos, denunció MUCD.

“Cabe señalar que el interés jurídico y el interés legítimo son requisitos propios del Juicio de Amparo que nada tienen que ver con la solicitud de un permiso de carácter administrativo y que no existe, en ninguna ley, la facultad de Cofepris par solicitar dicho requisito”, informó en un comunicado.

El delito de Abuso de Autoridad se contempla en el Artículo 215 del Código PenalFederal. Este se configura, entre otros supuestos, cuando los servidores públicos retardan o niegan a las personas, de manera injustificada, la protección o servicio que están obligados a otorgar, dice la organización civil.

Por lo anterior, la organización civil reprobó el actuar indebido de la autoridad para obstaculizar la realización de trámites relacionados al cannabis y exigió que Cofepris se apegue a sus obligaciones legales, pues de no hacerlo “estarían cometiendo un delito federal y violando los derechos humanos de las personas que solicitan sus servicios”.


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