/ jueves 18 de octubre de 2018

Senado pide a Peña Nieto revocar decretos de agua

Además llamaron a comparecer a los titulares de Semarnat y Conagua para explicar la importancia de los decretos

El Senado de la República urgió al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña, revocar de inmediato los 10 decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

El punto de acuerdo, aprobado de urgente resolución, exige al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el 6 de junio en el DOF, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos “CONAGU@-DIGITAL”.

Además, se cita a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Pacchiano Alamán y Roberto Ramírez de la Parra, respectivamente, a comparecer para explicar el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos.

El Senado de la República deberá realizar, a través de sus Comisiones, una discusión nacional a la que se convocará a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos indígenas, la cual debe concluir en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

La senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presentó el exhorto, denunció los abusos que se han cometido y solicitó al Senado pronunciarse de manera firme y contundente, en contra de cualquier intento oficial para privatizar y entregar los recursos de los mexicanos.

La senadora Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena, precisó que son 19 las entidades federativas afectadas con los decretos, cuyos estudios se generaron hace siete años, y en los que existen irregularidades en el proceso de mejora regulatoria, pues a pesar de haber sido sometido a consulta se cambió el texto consultado. Es decir, “se consultó una cosa y se publicó otra”.

El Senado de la República urgió al titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña, revocar de inmediato los 10 decretos publicados el 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se elimina la veda y se establecen reservas de agua en varias cuencas hidrológicas del país.

El punto de acuerdo, aprobado de urgente resolución, exige al titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, suspender de forma indefinida el otorgamiento de nuevas concesiones al amparo de los decretos publicados el 6 de junio en el DOF, así como a suspender la operación y funcionamiento del Sistema de trámites electrónicos “CONAGU@-DIGITAL”.

Además, se cita a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional del Agua, Rafael Pacchiano Alamán y Roberto Ramírez de la Parra, respectivamente, a comparecer para explicar el impacto y alcance social, económico y ambiental de los decretos.

El Senado de la República deberá realizar, a través de sus Comisiones, una discusión nacional a la que se convocará a organizaciones sociales y privadas, expertos, instituciones de investigación, y representantes de pueblos indígenas, la cual debe concluir en la construcción de un nuevo modelo de gobernanza hidrológica, que garantice la preservación del recurso y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

La senadora Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario de Morena, quien presentó el exhorto, denunció los abusos que se han cometido y solicitó al Senado pronunciarse de manera firme y contundente, en contra de cualquier intento oficial para privatizar y entregar los recursos de los mexicanos.

La senadora Freyda Marybel Villegas Canché, de Morena, precisó que son 19 las entidades federativas afectadas con los decretos, cuyos estudios se generaron hace siete años, y en los que existen irregularidades en el proceso de mejora regulatoria, pues a pesar de haber sido sometido a consulta se cambió el texto consultado. Es decir, “se consultó una cosa y se publicó otra”.

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