El Comité de Participación Ciudadana entregó ayer la propuesta de formatos para las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, que deben realizar cada año los funcionarios públicos, y con lo que se homologa el modelo de rendir cuentas desde el Presidente de la República hasta un alcalde, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El debate en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se prolongó durante casi un año. Según fuentes consultadas por El Sol de México, las declaraciones establecen la obligatoriedad de entregar determinada información, y cierran el espacio para que un servidor público lo haga de manera voluntaria.
Y el apartado que más se fortalece es de conflicto de interés, ya que se abre un abanico de especificaciones en donde los servidores públicos deberán especificar su relación con un partido, una membresía o una sociedad mercantil.
En entrevista con El Sol de México, Irene Levy Mustri, integrante del CPC, explicó que dentro de las principales modificaciones, los servidores públicos ya deberán incluir la información de terceros, desde familiares hasta personas con las que compartan conflictos de interés.
Para este ejercicio se atendieron las recomendaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; quienes determinaron qué información de los funcionarios es pública y cuál afecta la protección privada, como en el caso de los menores de edad.
Y bajo el impulso de la Secretaría de la Función Pública se trabajó con un grupo plural y el Banco Mundial para lograr estos formatos, por lo que se prevé sean aprobados por el Comité Coordinador del SNA en su próxima sesión.
