/ martes 5 de mayo de 2020

Definen en una semana periodo de Jaime Bonilla en BC

El ministro ponente señala que la reforma a la Constitución de BC vulneró el principio de certeza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez e invalidar la reforma a la Constitución de ese estado por la que se amplió su mandato a cinco años, mejor conocida como Ley Bonilla.

El ministro Fernando Franco planteó en su proyecto de sentencia que la llamada Ley Bonilla es inconstitucional pues Bonilla Valdez fue electo sólo para un periodo de dos años en el cargo.

Será la próxima semana cuando los 11 ministros que forman parte del pleno del máximo tribunal del país discutan la propuesta del ministro Franco.

Se requiere de al menos ocho votos para invalidar el decreto, tres de los cuales corresponden a los ministros impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es del mismo partido que Jaime Bonilla; se trata de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa así como del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Entre los puntos que analizará la Corte se encuentra el si la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

También los integrantes del máximo tribunal del país revisarán las supuestas violaciones al proceso legislativo y otros temas de índole electoral y constitucional planteadas por los demandantes en sus acciones de inconstitucionalidad.

Fue el pasado 24 de octubre cuando Fernando Franco dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, el ministro rechazó a los institutos políticos conceder en ese momento la suspensión de la reforma pues “el hecho de que el gobernador entre en funciones... no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.

En diciembre pasado, un mes después de que Bonilla asumiera el cargo de gobernador, una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte, los siete magistrados que integran de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron que la Ley Bonilla "se aparta de la regularidad constitucional"

Confían en que SCJN tomará en cuenta el buen gobierno en BC

Al darse a conocer la propuesta del magistrado Fernando Franco para mantener gubernatura de Baja California encabezada por Jaime Bonilla en dos años, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señaló que es normal que la propuesta venga en contra, pero no necesariamente significa que la decisión sea compartida por el resto de los ministros.

“Siempre esperamos que el ponente buscaría que se declarara invalida, nunca pensamos que viniera de forma contraria, pero somos conscientes que seis o siete magistrados no comparten esa decisión y que respetan la soberanía de Baja California”.

Confió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que tomar en cuenta no solamente los argumentos jurídicos, sino una serie de acciones como el buen gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, su credibilidad y la aprobación de este mandato que ronda 80 porciento, pasando del lugar 32 al 5 a nivel nacional en este rubro.

“También debe tomarse en cuenta que estamos en medio de una pandemia que no pone ni en ánimos, ni brinda seguridad a los ciudadanos para salir a la calle a otra elección. Los partidos ni candidatos tenemos, ni debemos estar pensando en ello cuando hay otras prioridades”, sostuvo Rodríguez Lozano.

El funcionario recordó que recientemente la Suprema Corte desechó una acción de inconstitucionalidad, pues para que éstas sean aprobadas deben afectar o estar directamente en contra los artículos de la Constitución y no sólo de forma interpretativa.

“En el caso particular de Baja California están diciendo que hubo violaciones del Congreso del estado afectando la Constitución, lo cual es falso, pues no se afecta directamente ningún artículo”.

Sobre los tiempos de para la resolución final, indicó que son propios de los magistrados y éstos pueden moverse dependiendo de la agenda y carga de trabajo de la SCJN.

Con información de Aldo Pérez / La Voz de la Frontera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé mantener en dos años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez e invalidar la reforma a la Constitución de ese estado por la que se amplió su mandato a cinco años, mejor conocida como Ley Bonilla.

El ministro Fernando Franco planteó en su proyecto de sentencia que la llamada Ley Bonilla es inconstitucional pues Bonilla Valdez fue electo sólo para un periodo de dos años en el cargo.

Será la próxima semana cuando los 11 ministros que forman parte del pleno del máximo tribunal del país discutan la propuesta del ministro Franco.

Se requiere de al menos ocho votos para invalidar el decreto, tres de los cuales corresponden a los ministros impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es del mismo partido que Jaime Bonilla; se trata de las ministras Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa así como del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Entre los puntos que analizará la Corte se encuentra el si la reforma vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que consiste en la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

También los integrantes del máximo tribunal del país revisarán las supuestas violaciones al proceso legislativo y otros temas de índole electoral y constitucional planteadas por los demandantes en sus acciones de inconstitucionalidad.

Fue el pasado 24 de octubre cuando Fernando Franco dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, el ministro rechazó a los institutos políticos conceder en ese momento la suspensión de la reforma pues “el hecho de que el gobernador entre en funciones... no significa que se hayan consumado los efectos de la norma”.

En diciembre pasado, un mes después de que Bonilla asumiera el cargo de gobernador, una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte, los siete magistrados que integran de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, consideraron que la Ley Bonilla "se aparta de la regularidad constitucional"

Confían en que SCJN tomará en cuenta el buen gobierno en BC

Al darse a conocer la propuesta del magistrado Fernando Franco para mantener gubernatura de Baja California encabezada por Jaime Bonilla en dos años, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, señaló que es normal que la propuesta venga en contra, pero no necesariamente significa que la decisión sea compartida por el resto de los ministros.

“Siempre esperamos que el ponente buscaría que se declarara invalida, nunca pensamos que viniera de forma contraria, pero somos conscientes que seis o siete magistrados no comparten esa decisión y que respetan la soberanía de Baja California”.

Confió en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrán que tomar en cuenta no solamente los argumentos jurídicos, sino una serie de acciones como el buen gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, su credibilidad y la aprobación de este mandato que ronda 80 porciento, pasando del lugar 32 al 5 a nivel nacional en este rubro.

“También debe tomarse en cuenta que estamos en medio de una pandemia que no pone ni en ánimos, ni brinda seguridad a los ciudadanos para salir a la calle a otra elección. Los partidos ni candidatos tenemos, ni debemos estar pensando en ello cuando hay otras prioridades”, sostuvo Rodríguez Lozano.

El funcionario recordó que recientemente la Suprema Corte desechó una acción de inconstitucionalidad, pues para que éstas sean aprobadas deben afectar o estar directamente en contra los artículos de la Constitución y no sólo de forma interpretativa.

“En el caso particular de Baja California están diciendo que hubo violaciones del Congreso del estado afectando la Constitución, lo cual es falso, pues no se afecta directamente ningún artículo”.

Sobre los tiempos de para la resolución final, indicó que son propios de los magistrados y éstos pueden moverse dependiendo de la agenda y carga de trabajo de la SCJN.

Con información de Aldo Pérez / La Voz de la Frontera

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