/ martes 23 de octubre de 2018

Extinción de dominio para funcionarios y legisladores corruptos

Mediante esta reforma el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilegal, deben declarar la pérdida del derecho de propiedad de estos recursos.

Morena, el grupo parlamentario que controla la Cámara de Diputados, busca una reforma al artículo 22 de la Constitución para que se aplique la extinción de dominio a los funcionarios, gobernadores, legisladores y directivos de las empresas del Estado.

“La principal motivación de la presente reforma constitucional, radica en privar del derecho de propiedad, es decir, afectar las ganancias económicas producto de conductas delictivas materializadas por cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública”, asegura Irineo Molina Espinoza, diputado del Grupo Parlamentario de Morena.

El legislador del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador quiere que la reforma aplique a encargados de organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos públicos, órganos autónomos, así como al poder legislativo y judicial federal gobiernos estatales, legislaturas locales y tribunales de justicia locales, que sean dueños de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos por hechos de corrupción.

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Otro de los objetivos de la reforma es fortalecer las acciones, políticas públicas y normas que instrumentan el Sistema Nacional Anticorrupción, así como para combatir de manera significativa la relación o vínculo que pueda existir entre la delincuencia organizada y los servidores públicos que incurran en delitos de hechos de corrupción, comenta el diputado.

Recuerda que han sido recurrentes los casos de ex gobernadores que han desviado fondos públicos, que han manejado presupuestos estatales a su antojo, ignorado las leyes y que han hecho negocios muy redituables al amparo de la clase política, cometiendo dichas conductas sabedores que no serían atrapados, juzgados y castigados, ante el encubrimiento, consentimiento u omisión de los poderes públicos que daría la impresión que toleran dichas acciones.

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La corrupción genera grandes pérdidas en diversos ámbitos, destruye la confianza que la sociedad debe tener en las instituciones, nulifica el desarrollo económico y social, pese a que dicha afectación no es exclusiva de México, ya que la sufren muchos países, en el nuestro ha ido en aumento año con año, expresó.

Los delitos de hechos de corrupción, la violencia, la delincuencia organizada y no organizada han crecido a la par en México, ante este peligroso incremento, resulta necesario generar acciones de modificación constitucional y legislativa para inhibir la generación de estas conductas, aseveró.


Morena, el grupo parlamentario que controla la Cámara de Diputados, busca una reforma al artículo 22 de la Constitución para que se aplique la extinción de dominio a los funcionarios, gobernadores, legisladores y directivos de las empresas del Estado.

“La principal motivación de la presente reforma constitucional, radica en privar del derecho de propiedad, es decir, afectar las ganancias económicas producto de conductas delictivas materializadas por cualquier persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública”, asegura Irineo Molina Espinoza, diputado del Grupo Parlamentario de Morena.

El legislador del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador quiere que la reforma aplique a encargados de organismos descentralizados, empresas estatales, fideicomisos públicos, órganos autónomos, así como al poder legislativo y judicial federal gobiernos estatales, legislaturas locales y tribunales de justicia locales, que sean dueños de bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos por hechos de corrupción.

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Otro de los objetivos de la reforma es fortalecer las acciones, políticas públicas y normas que instrumentan el Sistema Nacional Anticorrupción, así como para combatir de manera significativa la relación o vínculo que pueda existir entre la delincuencia organizada y los servidores públicos que incurran en delitos de hechos de corrupción, comenta el diputado.

Recuerda que han sido recurrentes los casos de ex gobernadores que han desviado fondos públicos, que han manejado presupuestos estatales a su antojo, ignorado las leyes y que han hecho negocios muy redituables al amparo de la clase política, cometiendo dichas conductas sabedores que no serían atrapados, juzgados y castigados, ante el encubrimiento, consentimiento u omisión de los poderes públicos que daría la impresión que toleran dichas acciones.

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