La reforma a la Ley de Amnistía aprobada por el Senado, que da atribuciones al Presidente para liberar a cualquier delincuente que revele información sobre asuntos graves, puede afectar los derechos de las víctimas y concentrar más poder en el Ejecutivo, señalan especialistas.
Gabriel Regino, titular del despacho “Regino Abogados” y exsubsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, afirma que es un “intento desesperado” del oficialismo para resarcir casos como el de Ayotzinapa, pues a meses de finalizar el sexenio no se ha cumplido la promesa de hacer justicia por la desaparición de 43 normalistas.
Señala que lo preocupante de esta reforma es que el Presidente pueda otorgar el perdón de manera directa y sin consultar a nadie. Además de que en la modificación a la ley no se plantea un mecanismo que determine qué organismos validarán la amnistía planteada por el Ejecutivo federal.
“Se brinca todas las etapas legales: brinca el debido proceso, brinca al Poder Judicial, brinca a la Fiscalía y se convierte (el Presidente) en el omnímodo decisor”, advierte el abogado.
“¿Quién se va a encargar de verificar? ¿Un juez, una fiscalía, el Ejército, la ayudante del Presidente, el propio Presidente? Es un acto de desesperación, pero que le concentra mayor poder a la figura presidencial”, agrega Regino.
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En ello coincide Lisa Sánchez, directora de la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), quien agrega que las modificaciones a la Ley de Amnistía afectarían la reparación del daño de las víctimas, así como su derecho a la verdad.
Para Sánchez, uno de los principales problemas de la reforma es que no plantea una excepción ante crímenes que violenten de forma grave los derechos humanos, como la desaparición forzada, el homicidio doloso o la ejecución extrajudicial. Esto, plantea la especialista, podría generar que se les conceda perdón a criminales de alto riesgo y las víctimas y familiares queden desprotegidas.
