/ miércoles 8 de febrero de 2023

Aprueban diputados entregar a Sedena el control y vigilancia del espacio aéreo

Con 263 votos a favor, 195 en abstención y 26 en contra, el Pleno de San Lázaro dio luz verde a expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo

La Cámara de Diputados aprobó entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de vigilar y controlar el espacio aéreo, así como interceptar vuelos sospechosos para inhibir el tráfico de drogas por ésta vía.

Con 263 votos a favor, 195 en abstención y 26 en contra, el Pleno de San Lázaro dio luz verde a expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022.

Puedes leer: Iniciativa a Ley de Aviación Civil pone en riesgo a industria aérea, advierten sindicatos

El diputado panista Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, explicó que la nueva ley tiene como objetivo proteger la soberanía nacional, pues detalló que cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, específicamente del narcotráfico

Agregó que del 1 de diciembre de 2018 a noviembre de 2021 se emitieron 720 alertas para la intercepción y seguimiento de aeronaves por probables actividades ilícitas, por lo que destacó la aprobación del nuevo ordenamiento.

La diputada morenista Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, aseguró que con la aprobación se da cumplimiento a los estándares planteados por la Organización de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de que los países legislen en la materia a efecto de vigilar, perseguir y erradicar actividades ilícitas.

La nueva Ley obliga a la creación de un Centro de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que operará los medios de detección, identificación e interceptación aérea y salvamento puestos a su disposición; el Centro será controlado completamente por la Sedena.

Así también crea un Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo integrado por las secretarías de Marina (Semar), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación y un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano integrado por el titular del Ejecutivo, que lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sedena, Marina, SICT y SSPC.

Diputados de Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra del dictamen y presentaron una moción suspensiva para detener la discusión que finalmente no prosperó, y del PAN y PRD mencionaron que el control del espacio aéreo tiene que tener un carácter civil y no castrense y acusaron que la nueva ley provoca la “militarización del espacio aéreo”.

El PRI no se pronunció durante la discusión del dictamen y al igual que sus compañeros de la coalición Va por México votaron en abstención.

El diputado Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la expedición de la ley requería de parlamentos abiertos para escuchar a los expertos, los cuales acusó no se hicieron por la prisa de Morena de aprobar el dictamen, y advirtió que la nueva ley será inconstitucional cuando venza el plazo que fijó la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución que prolonga la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta 2028.

En contraste, los diputados de Morena defendieron la nueva ley. La diputada morenista Rosangela Peña dijo que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que ingresaron 118 toneladas de cocaína a ese país por vía aérea en 2019, por lo aseguró que la nueva ley inhibirá el tráfico aéreo de sustancias ilícitas.

“Por eso es necesaria la participación legal, clara y efectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien más sino las fuerzas armadas podrían garantizar la seguridad del espacio aéreo, quien sino las fuerzas armadas tiene la alta encomienda de salvaguardar la seguridad de territorio nacional y su soberanía, por eso es que la expedición de una nueva ley reglamentaria de los artículos 27 y 48 de la Constitución no debe postergarse”, dijo la diputada.

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La minuta será enviada al Senado de la República para su discusión y en caso de aprobación será enviada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.


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La Cámara de Diputados aprobó entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la facultad de vigilar y controlar el espacio aéreo, así como interceptar vuelos sospechosos para inhibir el tráfico de drogas por ésta vía.

Con 263 votos a favor, 195 en abstención y 26 en contra, el Pleno de San Lázaro dio luz verde a expedir la Ley de Protección del Espacio Aéreo que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022.

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El diputado panista Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, explicó que la nueva ley tiene como objetivo proteger la soberanía nacional, pues detalló que cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, específicamente del narcotráfico

Agregó que del 1 de diciembre de 2018 a noviembre de 2021 se emitieron 720 alertas para la intercepción y seguimiento de aeronaves por probables actividades ilícitas, por lo que destacó la aprobación del nuevo ordenamiento.

La diputada morenista Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, aseguró que con la aprobación se da cumplimiento a los estándares planteados por la Organización de las Naciones Unidas acerca de la necesidad de que los países legislen en la materia a efecto de vigilar, perseguir y erradicar actividades ilícitas.

La nueva Ley obliga a la creación de un Centro de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que operará los medios de detección, identificación e interceptación aérea y salvamento puestos a su disposición; el Centro será controlado completamente por la Sedena.

Así también crea un Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo integrado por las secretarías de Marina (Semar), de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Gobernación y un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo Mexicano integrado por el titular del Ejecutivo, que lo presidirá, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Sedena, Marina, SICT y SSPC.

Diputados de Movimiento Ciudadano, quienes votaron en contra del dictamen y presentaron una moción suspensiva para detener la discusión que finalmente no prosperó, y del PAN y PRD mencionaron que el control del espacio aéreo tiene que tener un carácter civil y no castrense y acusaron que la nueva ley provoca la “militarización del espacio aéreo”.

El PRI no se pronunció durante la discusión del dictamen y al igual que sus compañeros de la coalición Va por México votaron en abstención.

El diputado Sergio Barrera, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que la expedición de la ley requería de parlamentos abiertos para escuchar a los expertos, los cuales acusó no se hicieron por la prisa de Morena de aprobar el dictamen, y advirtió que la nueva ley será inconstitucional cuando venza el plazo que fijó la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución que prolonga la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad hasta 2028.

En contraste, los diputados de Morena defendieron la nueva ley. La diputada morenista Rosangela Peña dijo que el Servicio de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos reportó que ingresaron 118 toneladas de cocaína a ese país por vía aérea en 2019, por lo aseguró que la nueva ley inhibirá el tráfico aéreo de sustancias ilícitas.

“Por eso es necesaria la participación legal, clara y efectiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien más sino las fuerzas armadas podrían garantizar la seguridad del espacio aéreo, quien sino las fuerzas armadas tiene la alta encomienda de salvaguardar la seguridad de territorio nacional y su soberanía, por eso es que la expedición de una nueva ley reglamentaria de los artículos 27 y 48 de la Constitución no debe postergarse”, dijo la diputada.

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La minuta será enviada al Senado de la República para su discusión y en caso de aprobación será enviada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación.


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