Estar en manos de un defensor de oficio en tribunales mexicanos es casi equivalente a perder el juicio, el dinero y la paciencia, y hasta la libertad.

Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016 del Inegi, se despre información sobre el desempeño de los abogados de oficio frente a los privados.

Los abogados de oficio no están bien capacitados, tienen sobrecarga de trabajo, no cuentan con oficinas y sueldo competitivo, ademas de enfrentarse al tema de corrupción.

Aunque su principal objetivo es velar por los derechos de los más desprotegidos, la realidad a través de cifras estadísticas refleja que su situación actual, es que llegan a ser un lastre para sus clientes.

La figura del defensor de oficio se creó en la capital en 1940, y la ley indica que su obligación es proporcionar, de forma gratuita y adecuada, asistencia jurídica a quien lo requiera.