/ jueves 5 de mayo de 2022

Van por reforma para recuperar casas abandonadas

Buscan dar atribuciones al INVI para celebrar acuerdos y convenios con instituciones federales de vivienda

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social del Congreso del Estado que preside la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presentó en tribuna una iniciativa de ley con la que se pretende dar al Instituto de Vivienda de Baja California Sur atribuciones para celebrar acuerdos y convenios de intercambio de información con instituciones federales que lleven a cabo acciones de vivienda; sociedades dedicadas a la construcción y venta de vivienda e instituciones de crédito que tengan cartera de vivienda recuperada y de bajo costo disponible.

Lo anterior para tener acceso a su inventario, con el fin de hacer de conocimiento de dichas opciones de vivienda a la ciudadanía en general y puedan optar de realizar el trámite de adquisición ante dichas instituciones para satisfacer su derecho a la vivienda digna.

La iniciativa que fue presentada en tribuna y pasó a comisiones para su análisis y dictaminación, señala que en este caso la función del INVI será meramente informativa, que nunca podrá fungir como promotor, intermediario o gestor en ningún trámite para la adquisición de dichas viviendas entre los particulares e instituciones y sociedades mencionadas.

De aprobarse la reforma, no implicaría ningún impacto presupuestal para el gobierno del estado, ni tampoco impactaría en las finanzas del INVI, además de que en ningún modo lo aparta de su función principal de ser el ente que realiza las acciones de vivienda, dotación de lotes, mejoramientos y ampliación de la vivienda para los sectores populares del estado. Tampoco se descuidan estas funciones esenciales, sino que por el contrario acercan más información al ciudadano que acude a sus oficinas para solicitar una vivienda digna.

Entre otras la iniciativa surge de la insuficiencia para cubrir la demanda de vivienda, y del abandono de viviendas que se ha intensificado en los últimos años, con el abandono y posterior vandalización de casas adquiridas mediante créditos, generando no sólo un problema de seguridad pública, sino además de salubridad al convertirse en lugares receptores de basura y otros contaminantes, lo que pone en riesgo la salud de las personas que viven en sus alrededores y de aquéllas que transiten por dichos lugares.

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Según datos del año 2018 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a nivel nacional había alrededor de cinco millones de viviendas abandonas por la violencia o en desuso debido a que fueron construidas en zonas alejadas de los centros de población o porque carecen de servicios básicos.

A nivel local, con datos de la Asociación Civil Cómo Vamos La Paz de abril del 2020, hay un padrón de 3 mil 484 viviendas abandonadas en los cinco municipios del estado, que de acuerdo a la Sedatu, en La Paz existen dos mil 84 inmuebles en esta condición, en Los Cabos 965, en Comondú 278, en Mulegé 106 y en Loreto 51.

En la capital del estado, el 27 por ciento de las viviendas de interés social están abandonadas.

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- La Comisión Permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social del Congreso del Estado que preside la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, presentó en tribuna una iniciativa de ley con la que se pretende dar al Instituto de Vivienda de Baja California Sur atribuciones para celebrar acuerdos y convenios de intercambio de información con instituciones federales que lleven a cabo acciones de vivienda; sociedades dedicadas a la construcción y venta de vivienda e instituciones de crédito que tengan cartera de vivienda recuperada y de bajo costo disponible.

Lo anterior para tener acceso a su inventario, con el fin de hacer de conocimiento de dichas opciones de vivienda a la ciudadanía en general y puedan optar de realizar el trámite de adquisición ante dichas instituciones para satisfacer su derecho a la vivienda digna.

La iniciativa que fue presentada en tribuna y pasó a comisiones para su análisis y dictaminación, señala que en este caso la función del INVI será meramente informativa, que nunca podrá fungir como promotor, intermediario o gestor en ningún trámite para la adquisición de dichas viviendas entre los particulares e instituciones y sociedades mencionadas.

De aprobarse la reforma, no implicaría ningún impacto presupuestal para el gobierno del estado, ni tampoco impactaría en las finanzas del INVI, además de que en ningún modo lo aparta de su función principal de ser el ente que realiza las acciones de vivienda, dotación de lotes, mejoramientos y ampliación de la vivienda para los sectores populares del estado. Tampoco se descuidan estas funciones esenciales, sino que por el contrario acercan más información al ciudadano que acude a sus oficinas para solicitar una vivienda digna.

Entre otras la iniciativa surge de la insuficiencia para cubrir la demanda de vivienda, y del abandono de viviendas que se ha intensificado en los últimos años, con el abandono y posterior vandalización de casas adquiridas mediante créditos, generando no sólo un problema de seguridad pública, sino además de salubridad al convertirse en lugares receptores de basura y otros contaminantes, lo que pone en riesgo la salud de las personas que viven en sus alrededores y de aquéllas que transiten por dichos lugares.

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