/ sábado 21 de marzo de 2020

TEE, incompetente para resolver denuncia por violencia política de género

La magistrada lamentó profundamente que en estos casos estén limitados legalmente como autoridad judicial

La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) en Baja California Sur, se declaró incompetente en los casos de denuncia por posible violencia política de género contra las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres y Daniela Rubio Avilés.

La magistrada presidenta, Dulcinea Apodaca Ruiz, dijo que independientemente de las faltas de atribuciones legales que tiene el tribunal para resolver de fondo el acto reclamado, lamentó profundamente que en estos casos, y por tratarse de violencia política en razón de género, estén limitados legalmente como autoridad judicial.

Insistió que es una obligación constitucional y convencional de todos, no solo del TEE, sino de todos los que imparten justicia erradicar la violencia política contra la mujer.

“Todas las autoridades tenemos la obligación de actuar de manera urgente, esto quiere decir que no tenemos que esperar, en nuestro caso, llevar todo el procedimiento judicial hasta dictar sentencia, sino que tenemos que actuar de inmediato”, resaltó.

Por tal motivo, señaló que la sesión pasada se determinó declarar medidas cautelares de índole preventivo y temporal y solo por tratarse de violencia política de género, con la finalidad de prevenir mayores afectaciones contra las mujeres y su desempeño político.

Estas medidas resaltó, fueron tomadas en tanto se emitiera la resolución de fondo, por eso las medidas cautelares se decretan con un estudio preliminar basado en la apariencia del buen derecho, la cual implica un análisis con un enfoque preventivo de los hechos de la demanda.

Reiteró que el órgano jurisdiccional lamentablemente no tiene las atribuciones legales para resolver este tipo de conflictos internos ya que el Congreso es un organismo autónomo.

Por ello, el recinto legislativo goza de inviolabilidad y quienes legislan tienen inmunidad parlamentaria, por lo que las autoridades externas deben ser respetuosas de esto.

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El TEE de BCS carece de atribuciones legales para estudiar si es que en verdad hubo violencia política en razón de género o no la hubo, en este momento, la idea no es pronunciarse sobre si o no sucedió violencia, sino que quienes deben hacerlo para determinar esta situación es el propio Poder Legislativo, destacó Dulcinea Apodaca Ruiz.

La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- El Tribunal Estatal Electoral (TEE) en Baja California Sur, se declaró incompetente en los casos de denuncia por posible violencia política de género contra las diputadas Perla Guadalupe Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Elizabeth Rocha Torres y Daniela Rubio Avilés.

La magistrada presidenta, Dulcinea Apodaca Ruiz, dijo que independientemente de las faltas de atribuciones legales que tiene el tribunal para resolver de fondo el acto reclamado, lamentó profundamente que en estos casos, y por tratarse de violencia política en razón de género, estén limitados legalmente como autoridad judicial.

Insistió que es una obligación constitucional y convencional de todos, no solo del TEE, sino de todos los que imparten justicia erradicar la violencia política contra la mujer.

“Todas las autoridades tenemos la obligación de actuar de manera urgente, esto quiere decir que no tenemos que esperar, en nuestro caso, llevar todo el procedimiento judicial hasta dictar sentencia, sino que tenemos que actuar de inmediato”, resaltó.

Por tal motivo, señaló que la sesión pasada se determinó declarar medidas cautelares de índole preventivo y temporal y solo por tratarse de violencia política de género, con la finalidad de prevenir mayores afectaciones contra las mujeres y su desempeño político.

Estas medidas resaltó, fueron tomadas en tanto se emitiera la resolución de fondo, por eso las medidas cautelares se decretan con un estudio preliminar basado en la apariencia del buen derecho, la cual implica un análisis con un enfoque preventivo de los hechos de la demanda.

Reiteró que el órgano jurisdiccional lamentablemente no tiene las atribuciones legales para resolver este tipo de conflictos internos ya que el Congreso es un organismo autónomo.

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