/ martes 29 de junio de 2021

Sentenciados por delitos familiares o sexuales no podrán ser servidores públicos

El Congreso del Estado aprobó reformar diversas leyes y ordenamientos para instituir candados a cargos desde gobernador

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- El Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó reformas a diversas leyes que impactan en beneficio de la protección de hijos que dependen de pensiones alimentarias así como para impedir que quienes ejercen los tipos de violencia sean las mismas personas en quienes se deposite la confianza del pueblo para eliminarla, por lo que cualquier persona que aspire a ser gobernador, diputado, secretario de estado, procurador de justicia, magistrado de justicia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto de Transparencia, presidente, consejeros y magistrados electorales, auditor superior de la federación, así como titulares de dependencias de la administración pública estatal, no deberán tener antecedentes como sentenciados por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual, ser responsables de violencia institucional o ser deudores alimentarios.

Se trata de reformas a las leyes que rigen cada uno de los cargos, tales como la Constitución del Estado, la Ley Electoral, de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil estatal propuestos por la diputada María Rosalba Rodríguez López (Morena).

Cada ordenamiento adiciona como requisito para aspirar a dichos cargos: “no tener antecedentes como persona sentenciada por delitos de violencia familiar, contra libertad o intimidad sexual, no ser deudor alimenticio, no tener antecedente como responsable de violencia institucional”.

Agrega como atribuciones del Consejo de la Judicatura la creación de los Registros de Deudores Alimentarios y el de Responsables de Delitos sentenciada por delitos contra la libertad sexual y/o violatorios de la intimidad corporal.

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Las propuestas de reformas y adiciones fueron consensadas con representantes de dicho poder, así como asociaciones civiles.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de las legisladoras y los legisladores presentes.

La Paz, Baja California Sur, (OEM-Informex).- El Congreso del Estado de Baja California Sur, aprobó reformas a diversas leyes que impactan en beneficio de la protección de hijos que dependen de pensiones alimentarias así como para impedir que quienes ejercen los tipos de violencia sean las mismas personas en quienes se deposite la confianza del pueblo para eliminarla, por lo que cualquier persona que aspire a ser gobernador, diputado, secretario de estado, procurador de justicia, magistrado de justicia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto de Transparencia, presidente, consejeros y magistrados electorales, auditor superior de la federación, así como titulares de dependencias de la administración pública estatal, no deberán tener antecedentes como sentenciados por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual, ser responsables de violencia institucional o ser deudores alimentarios.

Se trata de reformas a las leyes que rigen cada uno de los cargos, tales como la Constitución del Estado, la Ley Electoral, de Transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil estatal propuestos por la diputada María Rosalba Rodríguez López (Morena).

Cada ordenamiento adiciona como requisito para aspirar a dichos cargos: “no tener antecedentes como persona sentenciada por delitos de violencia familiar, contra libertad o intimidad sexual, no ser deudor alimenticio, no tener antecedente como responsable de violencia institucional”.

Agrega como atribuciones del Consejo de la Judicatura la creación de los Registros de Deudores Alimentarios y el de Responsables de Delitos sentenciada por delitos contra la libertad sexual y/o violatorios de la intimidad corporal.

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Las propuestas de reformas y adiciones fueron consensadas con representantes de dicho poder, así como asociaciones civiles.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de las legisladoras y los legisladores presentes.

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