La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- El gobernador del estado Carlos Mendoza Davis, dijo que lograr la aplicación del estado de derecho, es el camino que tenemos para poder fortalecer las instituciones, la democracia y también, para poder garantizar el bienestar de todos, por ello destacó el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual le otorga la razón en el incidente de suspensión de controversia constitucional que promovió ante la crisis política que vivía el Congreso del Estado.
Agregó que el fallo emitido por el ministro Alberto Pérez Dayán, restituye en sus cargos a los 8 diputados propietarios del Congreso del Estado que tomaron protesta el primero de septiembre del 2018, cuando se instaló la décimo quinta legislatura.
“El ministro ordenó también que el Congreso del Estado, continúe sus actuaciones a partir de la última sesión del 17 de marzo de este año, mismo que presidió la diputada Daniela Rubio Avilés, por lo que todas las sesiones y actos posteriores a la misma quedan sin efecto” enfatizó.
Cabe mencionar que ante la duplicidad de mesas directivas y de funciones, surgidas a raíz de la división entre los diputados, Mendoza Davis decidió no publicar en el Boletín del Estado los productos legislativos que le fueran remitidos por la instancia, hasta que la Corte se pronunciara al respecto, o bien, los legisladores llegaran a un acuerdo.
“De esta forma vemos cumplida una de las 2 premisas, la cual expresé anteriormente, y que se centra en garantizar el estado de derecho. Como titular del Poder Ejecutivo mi obligación es y será, proteger la legalidad de todos los actos que se lleven a cabo, por eso, ante la duplicidad de órganos, de comisiones y al existir más de 21 diputados en funciones, acudí a la Corte e interpuse una controversia constitucional”, explicó.
Reconoció el trabajo expedito y profesional de la Corte al mencionar que “En una democracia, las controversias se dirimen mediante el diálogo y la ley, siempre debe privilegiarse el interés de la sociedad”.
Asimismo pidió a los 21 diputados y diputadas electos por las y los ciudadanos sudcalifornianos a olvidar agravios, a anteponer altura de miras y dialogar con civilidad para responder a las más sentidas demandas de los ciudadanos. “Baja California Sur necesita de sus poderes públicos y de sus ciudadanos para afrontar la doble emergencia que vivimos. La pandemia ha dejado en la indefensión a muchas familias, a otras les ha dejado enfermedad y luto. Todas estas familias merecen una respuesta de los poderes públicos, incluido el Congreso del Estado”, agregó.
Cabe mencionar que previamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las dos mesas directivas que se ostentan como legales dentro del Congreso del Estado de Baja California Sur, tienen 30 días hábiles para dar contestación a la demanda de controversia constitucional y envíen a la Alta Tribuna, copias certificadas de todas las sesiones que han llevado a cabo desde el mes de marzo en curso, por lo que esta situación genera un vacío legal dentro del Poder Legislativo al carecer de institucionalidad.
De igual manera la SCJN les solicita los decretos y acuerdos legislativos que hayan emitido y la documentación relacionada con los actos impugnados apercibidos, de no cumplir con lo requerido, se les aplicará una multa.
Como se recordará el pasado 6 de marzo, cuando en sesión privada los diputados de la extinta fracción Juntos Haremos Historia, Ramiro Ruiz, Carlos Van Wormer, Héctor Manuel Ortega Pillado y Sandra Moreno Vázquez, rompieron relación con los 8 diputados de oposición y en sesión privada destituyeron a algunos legisladores de las comisiones permanentes, así como a Lorenia Montaño Ruiz, diputada del PES como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, nombrando en ese momento al diputado de Morena Humberto Arce Cordero.
El martes 17 de marzo durante la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones, la presidenta de la mesa Daniela Rubio Avilés, suspendió los trabajos legislativos con el argumento de la emergencia sanitaria que se vivía a consecuencia del virus de Covid-19, y atendiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, las cuales no permitían que en lugares cerrados hubiera un aforo máximo de 30 personas.
Durante esa sesión el recinto estuvo abarrotado y el número de personas era por arriba de lo establecido, por lo tomó la decisión de suspender los trabajos, no obstante la bancada de Morena y el PT, alegaron que esta decisión debió ser votada por el pleno y como no se les tomó en cuenta optaron por continuar con la misma, destituyendo ese mismo día a la diputada Rubio Avilés y nombrando como nueva presidenta de la mesa a Mercedes Maciel Ortiz.
En ese sentido, los legisladores de Morena y PT continuaron sesionando los días posteriores y haciendo valer un reglamento interno destituyeron a los 8 diputados del PAN, PRD, PES, PRI y Humanista, debido a que dichos representantes populares tenían registradas 5 faltas sin justificar, por lo que fueron llamados los suplentes.
