/ viernes 9 de diciembre de 2022

Posponen ley ambiental para próximo periodo

Pretende dar facultades al gobernador para decretar ANP, entre otros

La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- En acuerdo con organizaciones de la Sociedad Civil y funcionarios estatales y municipales, los diputados Fernando del Partido del Trabajo Fernando Hoyos y Gabriela Montoya, determinaron posponer hasta el próximo periodo ordinario de sesiones la iniciativa con Proyecto de Decreto de Nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur.

Que entre otros, da facultades al gobernador del estado para decretar Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en la actualidad ocupa Bióloga Lourdes Enriqueta Carmen Gutiérrez Canet.

La estaba programado para subirse a tribuna en la presente semana y pedir la dispensa de los trámites legislativos, a fin de que sea aprobara antes de que concluyera el actual periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre; el próximo periodo inicia el 15 de marzo y termina el 30 de junio.

La decisión de mandar para el próximo año esta reforma, se originó luego de que representantes de organizaciones civiles presentaran una gran diversidad observaciones y debilidades del proyecto, además de que no respetó los acuerdos de Escazú firmados por el gobierno de México en el año 2018, en donde se reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas.

Este Acuerdo, destaca también los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Pese a que el diputado Fernando Hoyos ha señalado que la iniciativa estuvo disponible para su consulta desde su presentación en tribuna el pasado mes de junio, y según él “está consensada con ciertos sectores”, finalmente se pospuso para el próximo año.

Fernando Hoyos negó que esta reforma se pretendiera aprobar vía fast track y señaló que lo que pretenden es adecuar la ley a “los nuevos tiempos, con el fin de “vivir con un ambiente mejor”.

Entre algunos comisariados ejidales, la iniciativa ha levantado una gran preocupación, ante la posibilidad de que el Proyecto de Área Natural Protegida Sierras La Giganta y Guadalupe, sea decretada por el gobernador y no por el presidente de la república como propone el proyecto del año 2014, mismo que ha recibido un rechazo casi generalizado.

En caso de no aprobarse esta reforma, el ejecutivo estatal no tendría facultades para un decreto de ANP, porque aun y cuando la ley vigente se lo permite, se encuentra desfasada y por tanto podría ser revertida con un amparo.

Otros contenidos de la iniciativa que también han generado preocupación, tiene que ver con las restricciones que la nueva ley impondría en materia de uso de agua, drenaje, alcantarillado, bordos, represamientos, plantas de potabilización granjas agrícolas, y pecuarias, procesadoras de alimentos, frigoríficos, instalaciones para captación de agua, fraccionamientos y unidades habitacionales.

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Pretende también regular exploración, explotación, extracción y procesamiento físico de sustancias que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos.

La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- En acuerdo con organizaciones de la Sociedad Civil y funcionarios estatales y municipales, los diputados Fernando del Partido del Trabajo Fernando Hoyos y Gabriela Montoya, determinaron posponer hasta el próximo periodo ordinario de sesiones la iniciativa con Proyecto de Decreto de Nueva Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur.

Que entre otros, da facultades al gobernador del estado para decretar Áreas Naturales Protegidas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en la actualidad ocupa Bióloga Lourdes Enriqueta Carmen Gutiérrez Canet.

La estaba programado para subirse a tribuna en la presente semana y pedir la dispensa de los trámites legislativos, a fin de que sea aprobara antes de que concluyera el actual periodo legislativo que concluye el 15 de diciembre; el próximo periodo inicia el 15 de marzo y termina el 30 de junio.

La decisión de mandar para el próximo año esta reforma, se originó luego de que representantes de organizaciones civiles presentaran una gran diversidad observaciones y debilidades del proyecto, además de que no respetó los acuerdos de Escazú firmados por el gobierno de México en el año 2018, en donde se reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con la participación de todas las personas.

Este Acuerdo, destaca también los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Pese a que el diputado Fernando Hoyos ha señalado que la iniciativa estuvo disponible para su consulta desde su presentación en tribuna el pasado mes de junio, y según él “está consensada con ciertos sectores”, finalmente se pospuso para el próximo año.

Fernando Hoyos negó que esta reforma se pretendiera aprobar vía fast track y señaló que lo que pretenden es adecuar la ley a “los nuevos tiempos, con el fin de “vivir con un ambiente mejor”.

Entre algunos comisariados ejidales, la iniciativa ha levantado una gran preocupación, ante la posibilidad de que el Proyecto de Área Natural Protegida Sierras La Giganta y Guadalupe, sea decretada por el gobernador y no por el presidente de la república como propone el proyecto del año 2014, mismo que ha recibido un rechazo casi generalizado.

En caso de no aprobarse esta reforma, el ejecutivo estatal no tendría facultades para un decreto de ANP, porque aun y cuando la ley vigente se lo permite, se encuentra desfasada y por tanto podría ser revertida con un amparo.

Otros contenidos de la iniciativa que también han generado preocupación, tiene que ver con las restricciones que la nueva ley impondría en materia de uso de agua, drenaje, alcantarillado, bordos, represamientos, plantas de potabilización granjas agrícolas, y pecuarias, procesadoras de alimentos, frigoríficos, instalaciones para captación de agua, fraccionamientos y unidades habitacionales.

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Pretende también regular exploración, explotación, extracción y procesamiento físico de sustancias que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes de los terrenos.

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