La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Este mes ingresó al congreso de Baja California Sur una iniciativa que busca reformar la Ley de Derechos y Productos del Estado, esto implicaría un incremento de cobros que se relacionan con negocios que son competencia de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), al respecto, Luis Alonso Aguilar, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en La Paz, destacó que el sector se encuentra en descontento con esta iniciativa.
“Hay un descontento total por parte del sector restaurantero del porqué nosotros después de toda la cantidad de pagos que tenemos que hacer como impuestos, compromisos patronales que tenemos, muchas más obligaciones y todavía tenemos que pagar una constancia más, la verdad es un costo menor ya nos presentaron el objetivo al sector restaurantero, pero como sector hay un descontento porque se acumula, no estamos de acuerdo con que sigan más cobros porque la carga es muy pesada”.
Esta iniciativa fue propuesta por el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío quien busca que se agreguen nuevos conceptos al catálogo de cobro de impuesto de la Coepris, con la intención de dar un orden a los procesos que realiza este organismo. Los impuestos que se podían estar anexando son: Constancia de condición sanitaria, $500 pesos. Refrendo de constancia de condición sanitaria anual, $50 pesos.
Por la reposición de aviso de funcionamiento por causas ajenas a la institución, $200 pesos. Por la reposición de la Constancia de Condición Sanitaria por causas ajenas a la institución, $300 pesos.
“No deja de ser una imposición, es un pago que se está proponiendo en el congreso, esta iniciativa la hemos platicado con las autoridades sanitarias con el doctor Larumbe, con su equipo de trabajo para hablar sobre cuál es este objetivo de este cobro y si, lo entendemos perfectamente”.
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“Como sector restaurantero nos queremos sumar a las buenas prácticas de higiene en los negocios, también el tema de regularizar aquellos restaurantes,negocios, transformadores de negocios los cuales no tienen una certificación como tal no tiene una constancia sanitaria ese es el objetivo, sin embargo, no deja de ser un cobro una imposición”.
Destacó que a estos costos se le suma la capacitación por trabajador al año y son impuestos que se van sumando a los demás gatos fijos que deben de pagar, desde el momento en que se les planteo la iniciativa ha existido enojo entre el gremio restaurantero. Recordó que tan sólo en La Paz hay alrededor de 2 mil empresas que se dedican a la transformación de alimentos que se estarían viendo afectados.
