La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Tras la aprobación del “Plan B” a la Reforma del presidente, Andrés Manuel López Obrador que plantea la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la liquidación de trabajadores especializados en materia electoral, en Baja California Sur la organización de los procesos electorales se encuentra en incertidumbre.
Además, serán recortadas más de 10 plazas de funcionarias y funcionarios, debido a que la Ley mandata que se disminuya el personal de dicho órgano electoral al mínimo, las Juntas Distritales ahora se llamarán “oficinas auxiliares”, actualmente en Baja California Sur existen dos Juntas Distritales, cada una cuenta con 18 trabajadoras y trabajadores, pero tras esta reforma quedarían alrededor de 12 personas a cargo de las labores que realizaban estas 18 personas.
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En ese tenor, el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, Alejandro Palacios Espinoza, señaló que la organización de un proceso electoral implica muchos meses de trabajo, por lo cual en la entidad las autoridades electorales ya deberían estar trabajando en ello, sin embargo ahora es incierto por la falta de personal que provocará la Reforma Electoral o “Plan B”.
Manifestó que, esta reforma afecta directamente a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) con modificaciones en la estructura que se deben cumplir tres meses antes del inicio del proceso electoral que arranca en noviembre del año en curso.
“Con el Plan B no hay personal de manera fija en los distritos, por lo que se tendría que trasladar desde la capital hacia los distritos para ayudar en las funciones que hacían antes las distritales, implica gasto e incertidumbre”.
Señaló que, desaparecerán los 300 distritos y las vocalías, lo que implicará un recorte de funcionarios capacitados quedando incierto ya que resulta casi imposible que una sola persona realice el trabajo de cinco.
Estas adecuaciones deberán realizarse a más tardar el mes de agosto de 2023, donde la estructura se limitaría a una máxima de dos direcciones, por lo tanto apenas se iniciará la mesa de transición para decidir qué áreas desaparecen o se funcionan apegados a lo que marca la ley.
Explicó que, aún no se contemplan los recortes de personal, pero si se deberán reducir las direcciones, por lo cual al desaparecer las y los directores exigirán su liquidación conforme a la Ley, por lo que el Instituto deberá estar preparado para afrontar y solventar ese gasto.
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Finalmente, la publicación y entrada en vigor debe ser reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además determinará sí se declara inconstitucional o no y se ejercerá la nueva reforma.