La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- La XVI Legislatura exhorta al director general del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Jorge Vale Sánchez y a Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, para que de manera conjuntamente realicen un censo para conocer cuántas personas con discapacidad viven en zonas de riesgo
Se exhorta también al Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, para que destinen los recursos económicos suficientes y necesarios para llevar a cabo el Censo de Personas con Discapacidad.
La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez (Morena) presentó una proposición con punto de acuerdo en materia de Protección Civil para salvaguardar a personas con discapacidad, a fin de exhortar al director general del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD) Jorge Vale Sánchez y a Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, para que de manera conjunta realicen un censo para conocer cuántas personas con discapacidad viven en zonas de riesgo, así como al Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, para que destine los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el censo en mención.
Al no existir un censo actualizado de personas con discapacidad fue que, Valentín Vázquez expuso ante el pleno la necesidad de contar con información precisa que permita establecer políticas públicas en beneficio de la población con discapacidad a fin de prevenir y ser conscientes de las condiciones que nos rodean y de las posibles conductas ante imprevistos.
Añadió que, en Baja California Sur, la mayor parte de la población sabe qué hacer cuando hay un meteoro cerca, sin embargo, los riesgos son más altos para las personas con discapacidad al ser más propensos a estar en una situación de riesgo, afectados de manera desproporcionada en situaciones de desastres naturales y/o emergencias, debido a factores como la exclusión, la falta de conocimiento de quienes deben trasladarlos a lugares seguros y la interrupción de las redes sociales de apoyo, así como las barreras físicas. Señaló que, al considerar la realización del registro actualizado de personas con discapacidad se requerirá de capital económico suficiente.
Concluyó al reiterar que la mejor forma de evitar riesgos es la planeación, para prevenir y no improvisar, dijo, “si tenemos ese nivel de organización, el riesgo será menor para la población con alguna discapacidad, de ahí que la información de cantidad de personas y su ubicación geográfica es un sumamente necesario”.
