La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- Acompañado de un grupo de jubilados afectados por un fraude en la Caja de Ahorros del SNTE, el dirigente de la Sección 3 de ese organismo Elmuth Castillo se presentó en la Procuraduría General de Justicia para solicitar al titular de esa dependencia estatal los avances en la investigación por la que más de 100 maestros perdieron sus ahorros, en una cifra que supera los 5 millones de pesos.
Antes de ser recibido por el Procurador, en entrevista, el líder magisterial confió en que a la brevedad se judicialice el caso y se actúe en contra de los responsables a fin de que los afectados puedan recuperar sus dineros.
Por otra parte, y en relación a la renuncia masiva de delegados sindicales en los municipios de Los Cabos, Comondú, Mulegé y Loreto, Elmuth Castillo dijo tener conocimiento por la redes sociales, pero sin que a la fecha se haya entregada ninguna renuncia de manera formal.
Con respecto a las firmas que un grupo de maestros está recabando desde hace días para destituirlo del cargo, señaló que se trata de “voces incendiarias” de gentes que estuvieron por mucho tiempo al frente del sindicato y nunca hicieron nada, y de otros, que fueron aspirantes al cargo de dirigente y que fueron derrotados en el proceso.
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Elmuth Castillo afirmó que la figura de revocación de su cargo no existe en los estatutos del SNTE; No obstante, según el artículo 297 del citado documento,señala que la revocación de mandato será de aplicación general en todos los niveles de gobierno del sindicato cuando existan casos probado de corrupción, incapacidad e ineficiencia en el ejercicio de la dirigencia.
Los estatutos del SNTE señalan que la sanciones se aplicarán sin excepción, si se comprueba la comisión de alguna de las siguientes faltas: Violación a los documentos básicos, reglamentos o acuerdos normativos; Labor de divisionismo o ejecución de actos que pongan en peligro la unidad e integridad sindical; Todo acto de deslealtad, indisciplina o traición al sindicato, desacato a los acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno sindical; Invasión de funciones que completan órganos superiores de gobierno sindical; Y negligencia o dolo en el trámite de asuntos bajo su responsabilidad, entre otros.
