La Paz, Baja California Sur (OEM-Informex).- La ex presidenta del Instituto Estatal Electoral Rebeca Barrera Amador afirmó que no está impedida ni legal, ni jurídica y ni éticamente para ocupar el cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia para que el recién se postuló y que en breve será votada por el Congreso del Estado.
Recordó que dejó en el IEE finanzas sanas, con 20 millones de pesos en las cuentas derivado de la política de austeridad, además de ser uno de los organismos con mayor transparencia.
De llegar a magistrada impulsaría los siguientes ejes de trabajo; un acuerdo de colaboración entre los tres poderes y los municipios para detener el aumento en los principales delitos; juicio en línea; aumentar el número de Secretarios de Acuerdos;Que en las sentencias se garanticen los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género; y buscar una defensoría para los grupos en situación de desventaja, como el caso de la comunidad indígena que en Baja California Sur representa a más de 100 mil personas.
Indicó que su trabajo al frente del IEE durante el pasado proceso electoral local en donde resultó electo el gobernador Víctor Castro Cosío fue imparcial y que el hecho de que sea el titular del poder ejecutivo quien la esté proponiendo en la terna “es solo un procedimiento” y va para un poder distinto al que resultó de la elección donde ella participó.
El único escándalo mediático que se dio, dijo, -si lo pudiéramos llamar así- fue la situación del Programa de Resultados Preliminares, (PREP), mismo que resolvimos con contundencia, con precisión y con rectitud, deslindándonos de una empresa que pudiera ocasionar alguna duda; aseguró que no conocía ni conoce al empresario que ganó la licitación ni tampoco sabía de su filiación hacia la llamada 4 Transformación, y recordó que finalmente se contrató a otra empresa para evitar cualquier desconfianza.
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Por otra parte, confirmó que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la sentencia con la que se sancionó a Jesús Alberto Muñetón, luego de que el máximo tribunal determinó que no hubo violencia política en razón de género, como acusó Rebeca Barrera; aclaró que impugnó esta resolución.
Asimismo, descartó la posibilidad de que influya entre los diputados a la hora de la votación para elegir magistrada, el asunto del reparto de los 13.5 millones de pesos que los consejeros electorales se repartieron en el proceso del 2014-2015 como “pagos por trabajos extraordinarios”; Afirmó que el asunto quedó resuelto, con un “dictamen” en donde el IEE argumentó que los diputados no podían revisar las cuentas de ese órgano, debido a que ellos eran funcionarios puestos por el Instituto Nacional Electoral y no emanados de la Constitución Política de Baja California Sur, con lo cual los legisladores decidieron que las observaciones a la cuenta pública en torno a estos recursos quedaron “subsanadas”.
