La Paz, Baja California Sur.- El pasado 22 de marzo del año en curso, a través de redes sociales, se reportó el hallazgo de material infecto contagioso (RPBI - residuo peligroso biológico - infeccioso), considerado de "alta peligrosidad" en el kilómetro 8, a la altura de la subdelegación El Cardonal, en el municipio de La Paz. Posteriormente, las autoridades responsables dieron seguimiento al caso.
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Tras esto, Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación civil México, Comunicación y Ambiente A.C, emitió una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en contra de las empresas responsables del tiradero de RPBI.
Solicita la clausura de tres empresas privadas, responsables de tales acciones delictivas: Coba Industrial S.A de C.V, Servicios Industriales para el Manejo del Medio Ambiente (SIMMA) S.A de C.V, y Centro de Acopio de Logisa BCS; argumentando que se cuentan con las pruebas suficientes para corroborar los presuntos delitos federales, así como los daños ambientales realizados.
Las dos primeras empresas mencionadas, Coba y SIMMA, ambas foráneas, se dedican a prestar servicios en materia médica - de salud; tales como hospitales, laboratorios, clínicas, entre otros establecimientos que manejan estos recursos en Baja California Sur; informó Álvarez Flores.
SIMMA ha tenido 75 contratos por parte del gobierno federal de 2015 a 2021, particularmente clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 11 de ellos, se realizaron en Baja California Sur.
"Lo que nos hace pensar que es una empresa que, por la magnitud de sus contratos a nivel nacional, necesariamente cuentan con buenas relaciones con los gobiernos estatales y el mismo gobierno federal, y que por lo tanto, deberían ser un buen ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones ambientales", expresó Álvarez Flores.
Sin embargo, tras no ser empresas locales, no existe un registro que indique de forma precisa el destino final de los recursos que habitualmente se desechan y atentan contra la comunidad.
Por su parte, Logysa de BCS posee un centro de acopio para residuos peligrosos y residuos peligrosos biológicos - infecciosos en la capital del estado.
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El presidente de la asociación civil pide una multa monetaria, supervisión por parte de la Secretaría de Salud, entre otras sanciones correspondientes a los hechos denunciados. “¿Qué queremos? Que sean clausuradas, sancionadas; yo voy a gestionar en Ciudad de México que les quiten sus autorizaciones”, insistió.
Tras esta situación y referente a la sanción solicitada, personal de la Profepa declaró que cada procedimiento es único, tendríamos que verificar cada punto; las sanciones pueden ser clausuras, multas económicas. En suma, lo que marca la ley.
