La Paz, Baja California Sur (OEM - Informex).- El anuncio de la CONAPESCAde regularizar a los pescadores que trabajan sin permiso para incorporarlos a un padrón nacional y darles justicia social e histórica a fin de que puedan tener valor jurídico en su actividad, causó reacciones de rechazo o de preocupación entre dirigentes pesqueros de Baja California Sur.
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El presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas (CONMECOOP) Jesús Camacho Osuna, consideró que la medida podría ser un arma de dos filos, porque aun y cuando es bueno que se les haga justicia a pescadores, queda la duda de quién calificará para este beneficio, con el peligro de que otros puedan encontrar en esta regularización una oportunidad para obtener permisos con los que puedan enderezar producto mal habido.
Asimismo, señaló que el Instituto Nacional de Pesca –responsable de emitir los dictámenes con los que se sustentan los permisos- fue seriamente afectado en su presupuesto y no tendría los recursos suficientes para elaborar los estudios correspondientes: ¿O todos saldrían positivos? cuestionó Camacho Osuna.
Otro líder de la Federación de Cooperativas de Baja California cuya identidad pidió ser omitida por temor a represalias, manifestó su rechazo total y propuso a la autoridad federal que en lugar de regularizar a quienes pescan de manera ilegal, se fortalezca con más recursos materiales, humanos y financieros la inspección y la vigilancia, a fin de permitir la recuperación de las especies que a causa del guaterismo se encuentran seriamente diezmadas, y una vez que esto suceda, se liberen los permisos correspondientes.
El dirigente pesquero de la zona pacífico norte destacó que la sustentabilidad y la explotación racional de los recursos son la clave para el éxito de una pesquería, tal y como sucede con la langosta, el abulón, el caracol y otras; no se puede regularizar ni darles justicia a quienes desde hace años depredan el mar, a menos de que antes se ordene la actividad y se acabe con la pesca furtiva, expresó.
Por separado, el líder pesquero de Cabo del Este Mario Leal, alertó sobre el riesgo de enfrentamientos violentos el caso de que la autoridad pretenda quitar permisos a los cooperativistas que trabajan de manera legal para otorgárselos a los que trabajan de manera ilegal; señaló además que esta medida no es factible porque estos últimos no tienen recursos para adquirir equipos, y el gobierno federal desapareció todos los programas, salvo el de Bienpesca que apoya con 7 mil 200 pesos, una cantidad que apenas alcanza para pagar una parte de los servicios básicos de las familias ribereñas.
En ese sentido, demandó al gobierno federal que implemente un verdadero ordenamiento pesquero; no solo se podría afectar a las cooperativas que tienen permisos para la explotación de varias especies, sino también a los que cuentan con concesiones en cuerpos de agua, explicó.
Tampoco es factible que el gobierno federal otorgue más permisos para los pescadores libres, porque los recursos del mar son limitados y están al límite de su esfuerzo, concluyó.
